SANTO DOMINGO, D.N.- María Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), y Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos, acordaron este miércoles consolidar las relaciones interinstitucionales con objetivo de fortalecer la defensa de la competencia.

Durante una reunión celebrada cerca del mediodía del miércoles 23 de febrero, en la sede de la Superintendencia de Bancos, conversaron sobre las oportunidades de cooperación para potenciar el clima de inversión local y extranjera.

Vásquez Taveras valoró el primer del primer acercamiento entre ambas instituciones estatales. “Es el primer encuentro con un ente regulador del sistema financiero; seguiremos con esta articulación”, puntualizó.

Acompañada por Merielin Almonte, directora de Promoción y Abogacía de la Competencia, y Sagrario Matos, encargada del departamento de Planificación y Desarrollo, la servidora pública puntualizó que actúa con apego al mandato su marco legal para garantizar prácticas sanas entre los agentes económicos en los mercados.

El artículo 69 de la Ley General de Defensa de la Competencia (42 de 2008), en cuanto marco institucional complementario, establece que “en un plazo no mayor de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ProCompetencia convoca a las dependencias administrativas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transportes aéreo, marítimo y terrestre, telecomunicaciones, derechos de la propiedad intelectual (derecho de autor y de derechos de la propiedad industrial), servicios profesionales de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercados de valores), para revisar, proponer y dictar, de forma conjunta, la reglamentación que regirá el funcionamiento de dichos mercados productivos y profesionales. Dicha reglamentación deberá quedar fundamentada en la normativa especial que regula su funcionamiento, la presente ley, la Constitución y los tratados, a fin de que el marco institucional del derecho de la competencia en el país, en las áreas de interés público y social, quede debidamente completado”.