Fuente: eleconomista.com.mx

Los organismos autónomos encargados de aplicar la ley de competencia enfrentan un embate desde las más altas esferas del poder, el cual se ha agudizado a partir de la resistencia a diversas medidas que buscan revertir las reformas que fueron instrumentadas para introducir competencia en el sector energético. De continuar el asedio, se corre el riesgo de retroceder décadas en la conformación de instituciones económicas modernas, capaces de mejorar el funcionamiento de los mercados y de acercar las oportunidades económicas a todos los mexicanos.

La reforma constitucional de 2013 buscó intensificar la competencia, como instrumento para revertir el deterioro en la competitividad y limitar el limitar el poder de grupos de interés que detentaban una posición de mercado dominante.

La reforma no solo contempló la creación de organismos autónomos, sino que además se incluyeron nuevas facultades legales; se renovaron los mecanismos de revisión de decisiones; fueron creados juzgados y tribunales especializados; se fortalecieron los mecanismos de rendición de cuentas; se implementaron nuevas reglas para la designación de Comisionados; y se establecieron reglas para prevenir el conflicto de interés.

La reforma buscó cumplir con tres grandes objetivos: establecer un sistema creíble, que fuera eficaz y que dotara de certidumbre jurídica a los agentes económicos.

La autonomía, que es el aspecto que más incomoda a las autoridades federales y a algunos miembros del poder legislativo, dota de una fortaleza singular a las decisiones de los organismos autónomos, a la vez que protege el carácter técnico de su trabajo. La autonomía ha sido acompañada de sistemas que permiten la revisión de las decisiones, así como de mecanismos que permiten la rendición de cuentas. Estos aspectos son únicos en el ámbito institucional de nuestro país y la inmensa mayoría de nuestras instituciones públicas carece de mecanismos que se asemejen mínimamente.

La autonomía no significa arbitrariedad ni lejanía respecto de los objetivos de política pública que cualquier gobierno democrático y de izquierda debería defender. La creación de juzgados y tribunales especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, permite la existencia de un contrapeso institucional, que coadyuva a la generación de criterios congruentes, aplicables a la revisión de los procedimientos y resoluciones de los órganos autónomos. Pero no solo ello, pues el poder judicial especializado ha resultado un dique que contiene la aplicación de aquellas reformas legales que pudieran resultar contrarias al mandato constitucional de garantizar la competencia y libre concurrencia.

Otro mecanismo que delinea el ejercicio de la autonomía es la conformación de la junta de gobierno de los organismos autónomos, constituida por siete Comisionados, designados de manera escalonada. Para su selección se aplica un mecanismo basado en el acreditamiento de diversos requisitos, incluyendo experiencia, evaluación de conocimiento e inexistencia de conflicto de interés. De esta manera, se tiene un sistema de reclutamiento basado en méritos, único en el mundo, que pone al alcance de cualquiera que cumple los requisitos la posibilidad de ser seleccionado y que reduce la discrecionalidad en la designación de los comisionados. Se trata de un sistema que permite la selección de los mejores perfiles, para desempeñar una función de beneficio social para todos los mexicanos.

El marco legal impide a los Comisionados tener conocimiento de asuntos en los que puedan tener interés directo o indirecto y el contacto con los representantes de los agentes económicos regulados se encuentra restringido. Estas restricciones ponen orden en la relación entre los tomadores de decisiones y los regulados y limitan sustancialmente los sesgos en las decisiones. Se trata de restricciones únicas en el servicio público de México, que desafortunadamente no son aplicadas o cumplidas en otros ámbitos.

Es primordial establecer un compromiso para cumplir el mandato constitucional de garantizar la competencia y libre concurrencia. De no hacerlo, el futuro del país no será promisorio.