Despacho de la Dirección Ejecutiva

Jhorlenny Rodríguez

Lic. Jhorlenny Rodríguez
Directora Ejecutiva

Jhorlenny Rodríguez es Licenciada en Derecho Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con maestría en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid, y en Derecho de la Administración del Estado en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Universidad de Salamanca, estando pendiente de entrega su tesis.

Además, cursó el programa de Regulación Económica y Competencia en la Universidad de Valladolid. Ha complementado su formación con capacitaciones en materia de Defensa de la Competencia, tales como “Introducción y Práctica de Defensa de la Competencia” impartido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España y “Técnicas de Investigación: Investigando Restricciones Horizontales” por la Federal Trade Comission en los Estados Unidos.

Desempeñó las funciones de Abogada y asesora de la Dirección Ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) en materia de instrucción de procedimientos administrativos concernientes a la interconexión de redes, y de prevención y sanción de practicas desleales y restrictivas de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Inició en ProCompetencia como Abogada Senior en el departamento Legal, durante el período 2012-2014. Posteriormente Rodríguez regresó a la institución en septiembre del año 2016 para ejercer la posición de Encargada Legal, la cual asumió hasta Junio 2017 donde fue promovida a Subdirectora de Defensa de la Competencia, posición que desempeñó hasta su designación como Directora Ejecutiva, cargo que la compromete a instruir y sustanciar los expedientes; administrar y coordinar las actuaciones operativas y ser fedataria de los actos oficiales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Además, es responsable de investigar y actuar de oficio en los casos en que existan indicios en el mercado de violación a la Ley 42-08; recibir las denuncias de parte interesada; presentar al Consejo Directivo las acusaciones públicas para la imposición de sanciones administrativas sobre prácticas, actuaciones, conductas y demás asuntos que le atribuye la ley.