Fuente: latercera.com

El gremio de las fintech acusa que la negativa de los grandes retailer de no aceptar sus medios de pago no tiene fundamentos técnicos ni económicos. Además, pidió al Tribunal revisar nuevos cobros que están haciendo las marcas de tarjetas y acusó que los altos costos que estas cobran obedecen, en parte, a que están domiciliadas en el exterior, por lo que deben pagar impuestos que finalmente traspasan a sus intermediarios.

Esta semana los emisores no bancarios salieron a hablar públicamente sobre una situación que los acompleja: Walmart no acepta tarjetas de prepago en sus locales. Desde el retailer culparon a Transbank por tener una “tarifa excesivamente elevada” en prepago; y en la red de adquirencia se defendieron argumentando que el 80% del cobro que hacen a los comercios no los fijan ellos, sino las marcas de tarjetas.

Pero ahora el gremio de las fintech fue un paso más allá y presentó un escrito en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde abordan este tema, en el marco del procedimiento que lleva adelante el TDLC para la dictación de instrucción general sobre las condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago con provisión de fondos.

En concreto, FinteChile señala en el documento que “tal como hace unas semanas destacó la economista Andrea Butelman y ha sido publicado en diversos medios de prensa, es un hecho que grandes retailers del país han tomado la decisión unilateral de no aceptar en sus tiendas las tarjetas de prepago como medio de pago, pese a no existir razones técnicas ni económicas para ello”.

El gremio señala que “una transacción realizada con una tarjeta de prepago no debiera tener mayor costo operativo para un comercio, por ejemplo, que las realizadas con tarjetas de débito, e incluso conlleva menos riesgos que con estas últimas, ya que las tarjetas de prepago suponen la carga previa de fondos suficientes y específicos para su uso”.

Es por esto que dicen que “hasta la fecha, no se aprecian fundamentos serios y comprobables respecto de esta negativa que han realizado algunos de los principales establecimientos comerciales de Chile, en los que las personas se proveen de productos de primera necesidad, especialmente considerando que muchos de los habitantes de nuestro país no califican para ser clientes bancarios”.

En esa línea, pidieron al TDLC un pronunciamiento, “ya sea estableciendo criterios de aceptación de toda clase de tarjetas de pago por parte de los comercios, eventuales excepciones basadas en justificaciones demostrables, u otras medidas que el H. Tribunal estime adecuadas al efecto”.

También advierten que “esta negativa, es más, es abiertamente contraria a las finalidades de la Ley N°20.950, que no es otra que la mayor competencia entre medios de pagos en la economía nacional, y la inclusión financiera, posibilitando el acceso y el uso de medios de pago seguros y a bajo costo especialmente por parte de aquellos que están más excluidos del sistema bancario. De este modo, los consumidores hoy no pueden hacer uso de su tarjeta de prepago en los señalados comercios, para realizar compras tan esenciales como aquellas que forman parte de su canasta básica”.

En el escrito que ingresó el gremio también se refirieron a otros temas. Por ejemplo, pidieron una revisión de costos de operación para emisores de tarjetas con provisión de fondos no bancarios.

Sobre este punto, comentan que los costos que cobran las marcas de tarjetas a los emisores no bancarios son altos, y en parte, señalan que se produciría dado que las marcas no están constituidas en Chile, por lo que, argumentan, los emisores y adquirentes deben asumir el costo de impuestos de esas empresas domiciliadas en el extranjero. En el mercado de las marcas de tarjeta, los mayores operadores son Visa y Mastercad.

Sobre ello, señalan que “según antecedentes preliminares, los costos cobrados por las Marcas internacionales a tales emisores no bancarios ascienden a más del doble del costo que implican las tasas de intercambio, sin que exista una debida transparencia acerca de cuál es la forma de cálculo de tales costos, ni que se pueda por tanto evaluar si -por esta vía- se podría afectar de manera infundada o no la solvencia económica del ecosistema de medios de pagos en su conjunto”.

Y agregan que “lo anterior no es menor, si se considera que tales costos de las Marcas superan, en algunos casos, el tercio de los ingresos totales de los emisores no bancarios”.

Con todo, dicen que a lo anterior hay que añadir “el hecho de que parte importante de dichos costos se produce, según indican algunos actores, por la aplicación de impuestos que los emisores y adquirentes deben asumir (por la vía de la retención y pago del impuesto adicional), como consecuencia de la decisión unilateral de las Marcas de no estar domiciliadas en Chile”.

Es por esto que afirman que “claramente, este ítem no solo representa un sobrecosto muy significativo para todo el ecosistema de pagos en Chile, sino muy especialmente para los emisores no bancarios, los que además de tener por ley giro único, no cuentan con el respaldo financiero de las instituciones bancarias”.

En el documento también hablan de nuevos cobros que están haciendo las marcas de tarjetas. “En el último tiempo, las Marcas además han comenzado a incorporar nuevos cobros, particularmente por anulaciones y por reintento de transacciones, los que son aplicados a los adquirentes y traspasados por éstos a los comercios y los procesadores de pago”, señala el escrito.

Comentan que como gremio “no nos consta la razonabilidad de dichos cobros ni mucho menos de sus montos precisos. Consultados algunos actores de mercado sobre este punto, tampoco tienen mayores antecedentes sobre su justificación económica, salvo que se trata de una nueva imposición de las Marcas”.

Así las cosas, concluyen que “claramente, estamos en presencia de un nuevo ejemplo de exigencias que, a lo menos, debieran cumplir con ciertos criterios de razonabilidad, justificación y transparencia que este H. Tribunal determine, especialmente considerando el poder de mercado que las Marcas de tarjetas tienen en esta industria”.

También hablan de que existen nuevas exigencias para operaciones transfronterizas o cross-border. En esa línea, explican que “las Marcas de tarjetas han anunciado la imposición del denominado Programa PIFO (sigla que hace referencia a los Payment Intermediate FX [Foreign Exchange] Operators), el que implicará la aplicación de tarifas más gravosas a los procesadores de pago respecto de comercios que a su vez prestan servicios de pagos a empresas extranjeras (Netflix, Spotify, Amazon, Shein, etc.), sin que existan motivos conocidos para tal decisión y mucho menos para la determinación de sus montos”.

Sobre ello, mencionan que “el mismo Programa, además, implica una serie de desarrollos –exigidos por las Marcas– que, según hemos podido recabar, deberán ser financiados por los comercios afiliados e incluso por los procesadores de pago, mas no por las mismas Marcas ni los adquirentes”.

Es más, entregan números sobre lo que significaría lo anterior: “según estimaciones preliminares, conforme a la restringida información disponible, tal Programa PIFO incrementará significativamente las tarifas aplicadas a procesadores de pago y comercios, en un más de un 50% tratándose de tarjetas de crédito, y en más de un 150% respecto de tarjetas de débito y prepago”.

Por otro lado, el gremio dice que existe la necesidad de una adecuada regulación de los cobros que no constituyen tasas de intercambio.