Fuente: elpais.com

Morirse en Barcelona tiene un coste de 5.000 euros de media. Eso era hasta hoy en que el Ayuntamiento de Ada Colau ha dado un nuevo paso para romper con el monopolio que en varios hospitales tenían las tres empresas funerarias que trabajan en la ciudad. El equipo de gobierno ha conseguido que, en al menos diez hospitales, no sean estas empresas las que informen de los trámites a seguir a los familiares de un difunto sino que sean sanitarios los que detallen, en los momentos posteriores al deceso, la diferentes alternativas funerarias. Además, el Consistorio ha redactado unos trípticos donde detalla cuales son los servicios funerarios obligatorios y cuales los opcionales y obliga a las funerarias a pormenorizar sus tarifas. De esta forma la recogida de cadáver, el ataúd y el traslado del cadáver al cementerio o a los hornos incineradores tienen un precio de entre 1.711 euros y 2.122. A este precio hay que sumar el precio de la incineración o inhumación, que oscila entre los 206 euros y los 560. Con esta medida el equipo de gobierno pretende reducir casi a la mitad el precio de las defunciones en la capital catalana.

La concejal de salud, Gemma Tarafa, el concejal de emergencia climática, Eloi Badia, y el director de servicios generales del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Rubén Moragues, han presentado este lunes el protocolo de buenas prácticas de los servicios funerarios de la ciudad a los que ya se han adherido diez centros sanitarios.

El documento establece de forma pormenorizada la información de la que deben disponer los familiares cuando han de gestionar los servicios funerarios de su ser querido. Lo primero que detalla el protocolo es que los familiares deben recibir esta información en un entorno de intimidad, apoyo y confort atendiendo que el estado emocional de las personas cercanas a un difunto las coloca, según Badia, “en una situación de especial vulnerabilidad a la hora de tomar decisiones”. Ahora en muchos hospitales las funerarias disponen de un espacio y cuando moría una persona se derivaba a los familiares a estos mostradores donde, dada la situación en la que se encontraban, no buscaban alternativas en otras empresas. A partir de ahora, la información la proporcionarán empleados de los hospitales -en el caso de Sant Pau será el servicio de enfermería- y el Consistorio garantiza que la información será “adecuada, neutral, eficiente, inmediata y completa”. Tarafa además advierte de que a las funerarias no se les permitirá repartir folletos dentro de los centros médicos ni ir a buscar clientes a la recepción del hospital.

Los centros que por el momento se han adherido al protocolo son el Hospital de Sant Pau, el Hospital San Rafael, el Centro Integral de Salud Cotxeres, el Hospital Plató, el Centro sociosanitario Isabel Roig, el Clínic, el Sagrado Corazón, la Fundación Puigvert, el Hospital del Mar y el Centro Fórum. Además, el Consistorio ha confeccionado una hoja informativa con las tarifas y servicios que ofrece Mémora, Àltima e Interfunerarias -las tres empresas que operan en la ciudad-. De hecho, el tríptico del consistorio destaca que algunos servicios con sala de vela – aunque sin ceremonia- siguen muy lejos de los 5.000 euros de media que cuesta morirse en Barcelona. Siguiendo el tríptico, en la funeraria más cara el servicio obligatorio más el velatorio alcanzaría el precio de 2.872 euros al que debe sumarse los 560,20 euros de la incineración (la opción más cara), en total 3.432 euros.

Badia ha destacado que la creación de este protocolo es la reacción a un informe de 2018 de la Síndica de Greuges en el que se alertaba que “faltaba transparencia” en las contrataciones que efectuaban las funerarias en los hospitales. El protocolo prohíbe explícitamente la vinculación de la prestación de servicios obligatorios a la contratación de servicios opcionales o complementarios.

Aurelio Sánchez, el presidente de Esfune, la patronal de las pequeñas Funerarias, ha advertido a EL PAÍS que la decisión del Consistorio llega tarde: “En 2017 nosotros presentamos al Ayuntamiento de Barcelona un listado de 300 centros sociosanitarios que tenían acuerdos de exclusividad con una funeraria muy concreta de las que trabaja en Barcelona. Una actitud que va en contra de la libertad de competencia y de la libertad de las familias a elegir los servicios funerarios”. Sánchez, pese a que la decisión del Consistorio llega cuatro años después de su denuncia, se felicita: “El Ayuntamiento va por el buen camino. No hay que dejar entrar a las funerarias en los hospitales justo en un momento tan delicado como es la muerte de un familiar”.

El documento del Ayuntamietno también establece los criterios que deben cumplir los espacios destinados a informar sobre trámites relacionados con los servicios funerarios a las familias del fallecido. La información debe darse por personas que explícitamente no estén vinculadas a empresas funerarias, aseguradoras de decesos, gestorías o cualquier otra empresa privada vinculada al sector funerario. Los espacios informativos tampoco pueden disponer de información comercial o promocional de los servicios funerarios y no se pueden hacer las contrataciones, solo facilitar la información de contacto de las diferentes empresas funerarias.

El punto informativo también atenderá los casos donde haya un seguro de decesos y se informará, entre otras cuestiones, que se puede elegir libremente la empresa funeraria, los productos y servicios, que no es obligatorio agotar el capital asegurado y la obligación de la empresa aseguradora de devolver el capital sobrante.