Fuente: Carasycaretas.com.uy

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) realizó una conferencia de prensa en la mañana de este miércoles, donde se presentó un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del año 2008, el cual daría la razón al Estado uruguayo en cuanto a que en el puerto de Montevideo “rige la libre competencia”.

El senador Charles Carrera del MPP fue quien tomó la palabra en la conferencia. Comenzó recordando que desde el FA no se comparte “la política pública que se está desarrollando en el puerto de Montevideo y en especial en el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay con la empresa Katoen Natie”.

Carrera sostuvo que desde su fuerza política se entiende que el mismo es “un acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente”.

“Inconstitucional porque se establece un monopolio a favor de una empresa privada sin ley que lo establezca. La constitución exige una ley dictada por mayorías especiales. Es ilegal porque se viola un conjunto de disposiciones y se viola la ley madre en materia portuaria, que es la Ley de Puertos, que establece el principio de la libre competencia, es decir, que en el puerto de Montevideo deben haber diferentes operadores portuarios y que los usuarios tienen el derecho de elegir qué operador les conviene más”, señaló.

A efectos de respaldar esta afirmación, trajo a colación un fallo del año 2008 dictado por el TCA, “que constituye una prueba más que importante, de que el acuerdo realizado (..) es ilegítimo”.

En aquel entonces, la empresa belga y Terminal Cuenca del Plata (TCP) solicitaban la nulidad de una licitación pública hecha por el gobierno de Jorge Batlle para otorgar la explotación de una «terminal polivalente» en el puerto de Montevideo.

Sin embargo, “el Estado con una actitud bajo el mandato de Jorge Batlle y el ministro Lucio Cáceres, con una actitud republicana y de defensa del interés nacional, defendió la posición de que en el puerto rige la libre competencia y que no existía ninguna norma que le diera la exclusividad a TCP”.

Carrera destacó que el TCA es “la máxima justicia administrativa de nuestro país” y que “le dio la razón al Estado uruguayo en un fallo del 2008”.

Dos hipótesis sobre el accionar de Heber

Asimismo, apuntó contra el exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, ahora ministro del Interior, y en referencia al acuerdo sostuvo que “solamente hay dos hipótesis” para explicar su actitud.

Una primer hipótesis sería “que el ministro actuó con dolo, porque no solicitó informes jurídicos internos al ministerio de transporte ni a la ANP (Administración Nacional de Puertos), a los servicios jurídicos”, según Carrera.

El senador sostuvo que la otra hipótesis “es la total negligencia e incompetencia del ministro Heber en el desarrollo de esta negociación que causa muchos perjuicios”.

Carrera explicó además la decisión de presentar el fallo antes de la interpelación a Heber, el 18 de agosto.

“Los asesores de la bancada del FA concurrieron el lunes de la semana pasada al TCA a retirar el expediente, porque lo queríamos presentar en la interpelación, pero resulta que el Ministerio de Transporte media hora antes estaba solicitando el desarchivo de este expediente. Por eso nosotros creemos que hay que actuar con transparencia en un tema de interés nacional”, explicó.

La respuesta de la empresa

La empresa belga Katoen Natie emitió un comunicado esta tarde después de que se divulgara el contenido de la conferencia realizada por la bancada de senadores del FA.

En el documento se señala que, durante la conferencia, “se realizaron una serie de consideraciones que la empresa reputa mal fundadas y producto de una lectura superficial de hechos ampliamente documentados”.

Katoen Natie señala que el fallo traído a colación fue dictado “cuando ya el Poder Ejecutivo había dispuesto dejar sin efecto dicha licitación (terminal polivalente en el puerto de Montevideo)”.

Rechazan además la supuesta “mala fé” que la bancada del FA le habría atribuido a la empresa en la negociación por las “irregularidades” que afectaban su actividad.

Finalizan el comunicado señalando que “han sido esas irregularidades ampliamente documentadas, en directo perjuicio tanto de TCP S.A. Como de la ANP, las que hubieran llevado a Katoen Natie a poner en marcha los mecanismos resarcitorios internacionales que el acuerdo finalmente concluido con el Poder Ejecutivo en 2021 permitió aventar”.

Asimismo, destacan la renovación en la empresa del “interés en invertir localmente, así como en generar puestos de trabajo y promover la importación de habilidades y tecnologías imprescindibles para posicionar a Montevideo como un puerto modelo en la región”.