Fuente: delfino.cr

Está comprobado que la competencia en los mercados genera más opciones, más calidad, más innovación y mejores precios en beneficio del consumidor. Por eso, cada vez más países tienen leyes antimonopolio (del inglés antitrust) o de promoción de la competencia. Estas leyes surgen con la de Estados Unidos a fines del siglo XIX y hoy en día existen en alrededor de 130 países.

Una ley antimonopolio, o de promoción de la competencia, típicamente incluye:

1. Un procedimiento para que las autoridades revisen el impacto en la competencia de las fusiones y adquisiciones de empresas.
2. La prohibición de acuerdos de precios entre competidores y otras prácticas consideradas anticompetitivas.
3. La facultad de las autoridades de realizar estudios de mercado, emitir recomendaciones y otras que se conocen como abogacía de la competencia.

En Costa Rica, el principio de libre competencia está contenido en la Constitución (artículo 46) y lo desarrollan la Ley 7472 sobre promoción de la competencia y la Ley 8642 relativa al mercado de telecomunicaciones. Recientemente, como parte del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se aprobó la Ley 9736 que le da más poderes a la Comisión para promover la Competencia (COPROCOM) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), autoridades encargadas del tema.

En su obra The antitrust paradox (La paradoja del antimonopolio), publicada en 1978, el connotado juez y académico estadounidense Robert Bork abogaba por que la legislación antimonopolio se focalizara en temas de eficiencia económica. Si una fusión o adquisición o una conducta empresarial no tiene como efecto directo un aumento en los precios al consumidor, las autoridades no deberían intervenir. Para Bork, la paradoja es que el exceso de intervención de las autoridades termina afectando al consumidor con precios más altos, por querer proteger de la competencia a empresas ineficientes.

Ese enfoque ha dominado en gran parte el antimonopolio en Estados Unidos desde los años setenta. Sin embargo, la economía digital ha planteado problemas complejos y novedosos, que muchos consideran deben abordarse con una visión más amplia y medidas más agresivas. En la Unión Europea se han lanzado en los últimos años investigaciones contra Google, Facebook y otras plataformas digitales por presuntas prácticas anticompetitivas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el pasado 9 de julio un mayor escrutinio de las fusiones y adquisiciones y otras medidas tendientes a limitar el poder de mercado de grandes empresas en tecnología y otros sectores.

Costa Rica no es ajena a la paradoja que planteaba el juez Bork ni al debate sobre las grandes plataformas digitales. Pero, por el tamaño de nuestro mercado, somos poco determinantes en el contexto mundial. Nuestros retos inmediatos son mucho más básicos; por ejemplo, implementar la reciente reforma legal y dotar de recursos a las autoridades. Tenemos, eso sí, nuestra propia paradoja, que podría resumirse así: aparte de la ley de competencia, que se acaba de reformar a la medida de la OCDE, en casi todo lo demás relevante para promover la competencia el Estado no está haciendo la tarea.

Si bien nuestro país sigue ubicándose entre los primeros de América Latina en índices como Doing Business del Banco Mundial y Competitividad Global del Foro Económico Mundial, nos vemos mal si nos comparamos con países más avanzados y estamos particularmente rezagados en algunos indicadores que afectan la competencia: exceso de requisitos para abrir un negocio, peso de la carga regulatoria, distorsiones tributarias a la competencia.

El índice de regulación del mercado de productos (PMR, por sus siglas en inglés) de la OCDE nos coloca como uno de los países con más distorsiones a la competencia en los mercados por el exceso de cargas a empresas y barreras de entrada impuestas por el Estado, así como por el excesivo involucramiento directo del Estado en la economía. Tenemos 28 empresas públicas que dominan importantes mercados —incluyendo insumos esenciales como electricidad y combustibles— y muchas tienen un pobre desempeño según la OCDE, generando ineficiencias y altos precios.

Entonces, por un lado, reformamos la ley de competencia y fortalecemos a las autoridades encargadas de aplicarla. Pero, por otro lado, en muchos mercados es el propio Estado, con sus regulaciones y su participación, el que impide o distorsiona gravemente la competencia. Para resolver esta paradoja, necesitamos llevar adelante una verdadera modernización y simplificación del marco regulatorio y reevaluar los monopolios y empresas estatales, en beneficio de los consumidores y la competitividad del país.