Fuente: larepublica.pe

El caso Bimbo, donde el Ministerio de Salud, la Contraloría y la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso hallaron indicios suficientes para iniciar una investigación por conflicto de intereses en Indecopi, no es el único en su tipo.

Para cuando Alicorp cambió el empaque de Ángel Mel, sancionada en 2019 por cometer “actos de competencia desleal en la modalidad de engaño”, la sala integrada por Silvia Hooker ya le había revocado la multa en segunda instancia, estableciendo que no había infracción. Se llamaba Mel, era dulce, tenía una abeja y un cuenco de miel, pero para la Sala Especializada de Defensa de la Competencia de Indecopi no tenía nada qué ver con “miel”. Al menos, no más del 0,5% incluida por porción para ofertarse como “verdadero aliado en nutrición”, cuando el producto en realidad tenía 40% de azúcar; es decir, una golosina y no un cereal nutritivo. Hoy se llama Ángel Meli y, aunque bajó el nivel de azúcar a 21% en un primer momento, lo hizo reemplazándola por edulcorantes y no por miel. Cabe aclarar que, en 2014, Alicorp compró el 100% de Global Alimentos, dueña de cereales Ángel, por US$ 107,7 millones.

Así como esta, existen muchas otras resoluciones en diferentes salas que han sido materia de cuestionamientos por parte de distintas organizaciones de defensa al consumidor.

Arcor, Backus, Molitalia, Laive y Gloria acumulan, en algunos casos, pilas de resoluciones favorables emitidas en segunda instancia desde tribunales de Indecopi, donde algunos funcionarios, además de trabajar a tiempo parcial y recibiendo únicamente dietas (una forma de jornal), tienen estrechos vínculos con el gremio industrial desde su nombramiento durante el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y su primer ministro Fernando Zavala, y bajo la rectoría del exjefe del órgano resolutivo Ivo Gagliuffi.

Sin laboratorios

En julio del 2020, la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec) interpuso denuncias contra las empresas Alicorp, Lindley, Global Alimentos, Selva Industrial y Procesadora Catalina por presuntamente consignar información inexacta en las etiquetas de sus productos, en relación a su contenido de azúcar.

Para demostrar su posición, Aspec contrató los servicios del Laboratorio SGS, el cual seleccionó su método de evaluación. Los resultados corroboraron que existía una falta y así fue elevado ante Indecopi. Sin embargo, tiempo después el laboratorio se desdijo y mostró nuevos resultados, esta vez a pedido de tres de las empresas investigadas, aduciendo que antes se había equivocado de método. Es con esta segunda respuesta que logran su absolución, sin dar mayores certezas sobre lo que acababa de ocurrir.

“Queda claro que la acreditación de laboratorios a cargo del Instituto Nacional de Calidad (Inacal) debería ser obligatoria y no voluntaria, porque, al no estar acreditadas, las empresas se sienten libres de actuar a contravención de la ley”, dijo Crisólogo Cáceres, titular de la Aspec.

La palabra

Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec

“Se debe solicitar a los órganos resolutivos de Indecopi un listado de las resoluciones que emitieron, en particular las referidas a denuncias contra la industria alimentaria”.