Fuente: hoydia.com.ar

Hemos escuchado acusaciones, explicaciones incomprobables o ilógicas basadas en “la maldad del otro”. No son descartables, pero la solución requiere una explicación más racional, que nos permita resolver un problema que nos afecta hace décadas.

Desde algunos sectores del gobierno se preguntan: ¿por qué las empresas monopólicas, que ganaron mucho en la década kirchnerista, optan por enfrentar el actual gobierno –a pesar de sus intentos de seducción- y sostener ideas que les hicieron perder en sus balances entre 2016 y 2019?

La explicación no es muy compleja. Las empresas hoy puestas en la picota por el aumento de precios –Arcor, Molinos, Ledesma- han dejado de ser solo empresas productoras de alimentos de origen nacional, para pasar a ser empresas multi o plurinacionales, basadas en la renta financiera, así como lo hacen otras empresas que ya lo eran (P&G, Bimbo, Unilever, Techint).

La maximización de sus resultados no se mide en sus balances operativos, que requerirían aumentar su producción, sino en las utilidades financieras obtenidas por sus socios (“shareholders”), considerando los pagos por intereses y rentas que obtengan –libres de impuestos- por las deudas que asumen desde sus empresas.

Eso se prueba fácilmente, cuando se observa que sus balances muestran muy pocas ganancias en el período 2016-2019, pero muy altos pagos por el capital de “terceros” que, exentos de impuesto a las ganancias, les permiten a los acreedores (¿socios controlantes?) captar gran parte del valor agregado producido.

Además, muchas de ellas son controladas desde empresas con sede en “paraísos (en realidad: guaridas) fiscales, o de baja tributación, como las Islas Caimán, Liechtenstein, Delaware, etc.

Así, pueden triangular resultados al disminuir los precios de transferencias de sus exportaciones y aumentar los precios de sus importaciones entre las empresas que forman el grupo, con lo que eluden el pago de impuestos en los países donde producen.

Por último, los estudios de concentración de mercados indican que el 9% de las empresas de bebidas generan el 80% de la facturación. En limpieza, el 10% de las empresas ostentan el 80% de la facturación.

Al estudiar la participación de los tres mayores fabricantes por categoría en 2018 –según Damián Di Pace, de Focus Market- se observó que en el rubro «pañales», éstos se llevan el 97% de mercado; en «cerveza» el 97%; «detergentes» el 94%; «jugos en polvo» 93%; «gaseosas» el 91%; «café» un 87%; «pelo» 83%; «yogures» 82%; «lavandina» un 78% y «leche» 70%.

Es así que estas empresas, individualmente o cartelizadas, estarían expuestas a los efectos de la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, lo que no parece muy probable en la realidad, por los cambios de opiniones políticas que se observan: en 2018, María Eugenia Vidal dijo “Frente a estos cambios (en el dólar) es importante que en los productos donde el cambio del valor del dólar no afecta a la estructura de costos, no se traslade a los precios», pero hoy se contradice atribuyendo los aumentos al déficit fiscal y la emisión monetaria que se demuestra inexistente.

En el oficialista FdT, a pesar de su discurso anti concentración, entre 2003 y 2005 se produjo la mayor concentración y extranjerización de empresas, que fueron convalidadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que hoy sufrimos.

Ante esta situación, la iniciativa del congelamiento de precios por 90 días es apenas un primer paso, débil e infructuoso, de frenar el aumento de precios sin eliminarlo. En adelante (y, en lo posible, pronto) el Gobierno deberá: 1) Establecer un sistema de información (como lo propuse en esta columna el 19/04/2021) que le permita monitorear día a día los aumentos de precios, del mismo modo que las empresas lo hacen con los paneles de distribución privados, desde hace décadas; 2) Aplicar la ley 27.442 de defensa de la competencia, votada el 09/04/2018 -64% de votos positivos- que le permite regular los procesos de concentración, el uso abusivo de posición dominante (de los que ya existen) y los acuerdos de cartelización, entre otros comportamientos anticompetitivos.

El rechazo de las grandes empresas a la ley de góndolas, o a la del etiquetado frontal, las ha dejado expuestas al escrutinio de la sociedad, y quienes pretendan defender sus intereses no tendrán muchos argumentos ni acciones posibles, aun cuando se reiteren los resultados de las PASO en las próximas elecciones.

Por supuesto que son necesarias decisiones políticas, pero lograr el éxito implica, además, hacer funcionar los modelos y sistemas de gestión existentes establecidos en las leyes, así como las herramientas y procedimientos que hacen funcionar a una burocracia virtuosa, que evite que el Estado se convierta en un Estado bobo.