Fuente: lavanguardia.com

Entre 2006 y 2013 las marcas de automóviles pactaron los precios de los vehículos vendidos en España. Este caso, conocido como el cártel de coches, afectó a millones de consumidores que ahora pueden recibir hasta 9.000€ de indemnización por haber comprado un coche por encima de su valor de mercado.

Las principales marcas de automóviles intercambiaron información confidencial y estratégica y pactaron elevar los precios de los vehículos de forma no competitiva entre un 10% y 15%. De esta manera, obtuvieron un control monopolístico sobre la fijación de los precios de mercado en el sector vulnerando los principios de la Ley de Defensa de la Competencia.

La actividad del cártel duró 8 años y afectó a 10 millones de coches

Detrás de la trama del cártel de coches hay 147 concesionarios españoles, más de 20 fabricantes, 2 consultoras y casi 30 grandes marcas de vehículos. Estas empresas llegaron a un acuerdo y crearon un sistema cerrado basado en la confianza y la reciprocidad para intercambiar información detallada y secreta.

Desde la creación del cártel mantuvieron hasta 16 reuniones -así lo determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un fallo del 23 de julio de 2015- para fijar objetivos comunes y se autodenominaron el “Club de las marcas.” Esta actividad fraudulenta duró más de cinco años hasta que en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a los implicados con multas que superaron los 170 millones de euros.

En 2019 estas sanciones fueron ratificadas por el Tribunal Supremo, dando vía libre a las reclamaciones de todos los usuarios afectados.

¿Qué delitos cometió el cártel de coches?

Según la sentencia de la CNMC del Cártel de Coches (2015) la mayoría de las empresas de coches participaron en tres distintos intercambios de información considerados delitos sancionables:

1. Intercambio de “información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios”

La consecuencia de este intercambio fue la fijación de un acuerdo de precios de venta de automóviles que hizo disminuir la competencia en el mercado. Esta práctica perjudicó gravemente a los consumidores ya que su poder de negociación quedó reducido y el mercado descompensado.

2. Intercambio de “información comercialmente sensible, sobre sus servicios, actividades de postventa y sus actividades de marketing en España”

Se intercambiaron datos sobre los servicios en taller, como las labores de mantenimiento o la venta de piezas y accesorios con homologación oficial. Las consecuencias para los consumidores son las mismas del caso anterior, pero en otro ámbito del negocio.

3. Intercambio de “información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras”.

Esta práctica hace referencia a los datos sobre las campañas de marketing o programas de fidelización. Su consecuencia fue la falta de necesidad por parte de las empresas de premiar al cliente con descuentos o mayores beneficios, ya que el precio estaba estandarizado y acordado y no existía una competencia real.

En definitiva, las actuaciones del cártel se consideran ilícitas porque aumentaron la transparencia del mercado de forma premeditada. Los implicados desvelaron factores relevantes sobre precios y condiciones comerciales que permitieron, con la restricción o eliminación de la competencia, establecer un sobreprecio generalizado sobre los coches en perjuicio de los compradores.

Partiendo de los distintos delitos cometidos y dependiendo del tipo de transacción comercial que tuvo cada afectado con las empresas, ahora estos podrán reclamar unos daños o perjuicios u otros.

La trama fue descubierta gracias a la confesión de una de las marcas implicadas

El cártel de coches fue destapado por SEAT S.A. que acudió a la CNMC para proporcionarles información sobre la organización a cambio de poder eximirse de las sanciones. Por esta razón, este grupo empresarial, junto con sus aliadas Volkswagen Audi España, S.A. y Porsche Ibérica, finalmente no fue multado. No obstante, los consumidores afectados pueden reclamar contra ellas de igual manera.

Desde que se descubrió el escándalo muchas de las empresas han presentado recursos y apelaciones ante la Audiencia Nacional en contra de la sanción impuesta por la CNMC. No obstante, la única empresa que ha conseguido quedar exculpada ha sido MAZDA por no encontrar motivos suficientes sobre su participación en los intercambios de información.