Fuente: ABC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú ha presentado una demanda judicial contra la empresa Repsol por 4.500 millones de dólares por los daños generados tras un derrame de crudo el pasado 15 de enero en el norte del país.

«Hemos planteado esta demanda en concordancia con las normas del Código Civil, el cual establece que, quien opera un bien peligroso o por el ejercicio de una actividad peligrosa, y causa daños a otros está obligado a indemnizarlo», sostiene el director del Indecopi, Julián Palacín, en un vídeo difundido por la institución.

Ha asegurado que el vertido de crudo (de aproximadamente 11.000 barriles) afectó a 700.000 pobladores y que este provocó el cierre de decenas de playas, comercios, restaurantes y servicios turísticos en la temporada de verano, además de pescadores.

La multa es de 3.000 millones de dólares por los daños causados, más 1.500 millones por daño moral a los consumidores, usuarios y afectados, una cifra que tiene que ser definida por el juez en el momento de resolver.

«Los prejuicios y daños morales sufridos por la población de dicha zona están amparados por la ejecutorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», ha dicho Palacín.

Asimismo, ha anunciado que este es el primer caso en Perú donde se demanda la responsabilidad civil a una petrolera internacional en defensa de los intereses de la población, y ha afirmado que este podría ser «un precedente jurisprudencial único» en el país.

La demanda civil de indemnización por daños y perjuicios fue presentada ante el 27° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima contra seis demandados: Repsol S.A (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d´amico Armatori (Italia).

El «peor desastre ecológico» en el país, según la ONU

El derrame de crudo de Repsol ocurrió el 15 de enero en la Refinería de La Pampilla, a unos 20 kilómetros de Lima, y fue definido por la ONU «como el peor desastre ecológico en la historia del país».

Por su parte, la petrolera española anunció su compromiso a largo plazo en la ayuda tanto a la recuperación de la biodiversidad de las zonas dañadas, como al pago de indemnizaciones a los afectados.