Fuente: fne.gob.cl

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que confirme la prohibición de la concentración entre las Isapres Nueva Masvida y Colmena dictada en febrero pasado por la propia FNE, advirtiendo que esta operación implicaría alzas de precios para los afiliados, deterioro en las coberturas y una menor calidad del servicio, especialmente a los afiliados de las zonas norte y sur del país.

La Jefa de Fusiones de la FNE, Francisca Levin, junto al Subjefe de la misma División, Vicente Lagos, expusieron hoy ante el TDLC los argumentos que sustentan la prohibición, en el marco de una audiencia pública realizada para analizar el recurso de revisión especial presentado por ambas Isapres contra la decisión, dictada el 3 de febrero pasado.

Los representantes de la Fiscalía explicaron que la operación fue prohibida tras una investigación detallada, que permitió establecer que su concreción reduciría sustancialmente la competencia en el mercado de las Isapres, que los riesgos asociados a ella no tienen contrapesos y que, además, los remedios ofrecidos por las partes no mitigan los riesgos e, incluso, crean nuevos problemas de competencia.

Durante el análisis de la operación, que se extendió por nueve meses, la Fiscalía tomó declaración a representantes de las partes, sostuvo reuniones con autoridades sectoriales, ofició a competidores de la industria, aplicó test económicos y analizó jurisprudencia local y experiencia comparada, entre otras diligencias.

Tras su investigación, la FNE concluyó que la fusión podría implicar alzas de precios relevantes para los cotizantes de Colmena y, especialmente, de Nueva Masvida, las que podrían llegar a superar los $ 59 mil anuales en la zona sur, y que se sumarían a sucesivos incrementos de los precios de los planes, perjudicando especialmente a los afiliados de regiones distintas a la Metropolitana, y con un efecto acumulativo en el tiempo.

“No es legítimo fusionarse a costa de dañar la competencia y dañar a los consumidores, sin eficiencias verificables y traspasables a consumidores y sin medidas aptas para mitigar los riesgos identificados”, señaló Francisca Levin.

Impacto y medidas de mitigación

El análisis de la FNE también se enfocó en el impacto que la operación tiene para los consumidores. Al respecto, Vicente Lagos señaló que “esta fusión tiene un costo para cada cotizante, un costo que se le agrega al sistema”, detallando que la pérdida de competencia que se produciría entre Nueva Masvida y Colmena significa extraer de los consumidores chilenos una suma estimada en US$ 11,1 millones sólo durante el primer año en que esté materializada la operación.

“Además, se trata de un perjuicio creciente en el tiempo, porque todos los meses de todos los años se extraerá de la renta de los cotizantes este mayor precio”, indicó, precisando que la extracción anual a los consumidores ascendería a US$ 38,8 millones anuales al quinto año de operación conjunta.

Entre los factores que, a juicio de la FNE, inciden en que los riesgos derivados de la operación analizada no tengan contrapesos, se encuentran las altas barreras a la entrada de este mercado y el hecho de que su regulación no impide que se dañe la competencia.

En la audiencia, la FNE planteó también que la operación no generaría eficiencias inherentes, verificables y que pudiesen ser traspasadas a los consumidores y que, al mismo tiempo, la operación conjunta de Nueva Masvida y Colmena hace más fácil o rentable la coordinación entre las Isapres a futuro.

La Jefa de Fusiones de la FNE agregó que las medidas de mitigación ofrecidas por las partes no cumplen los estándares del TDLC, porque su diseño es deficiente y no son factibles de fiscalizar, entre otras falencias.

Señaló que, además, los remedios ofrecidos no lograrían impedir las alzas de los precios, como sí lo harían otros remedios de carácter estructural jurídicamente posibles, como la desinversión. En el mismo sentido, afirmó que este análisis, expuesto en el Informe de Prohibición de la Fiscalía, no varió con el informe económico que entregaron las partes al TDLC, fuera de la investigación llevada a cabo por la FNE, en el cual indicaron que podrían modificar las medidas de mitigación propuestas.