La reciente modificación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la colusión entre empresas participantes en procesos públicos, afirmó María Elena Vázquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia.

Durante su participación en el programa El Despertador, Vázquez Taveras destacó que, aunque ProCompetencia ya tenía facultades sancionadoras contempladas en la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia, la reforma de la ley de contrataciones establece con mayor claridad los mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir y sancionar acuerdos ilícitos entre oferentes.

«La colusión —cuando dos o más agentes económicos se ponen de acuerdo para manipular los procesos de compras públicas— ya está siendo sancionada. De hecho, el año pasado emitimos la primera sanción por este delito», precisó.

Vázquez Taveras explicó que ProCompetencia no participa directamente en los procesos de adjudicación, sino que interviene cuando hay alertas o evidencias de posibles manipulaciones en licitaciones. La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), como órgano rector, tiene la responsabilidad de depurar oferentes con vínculos sospechosos durante la etapa activa del proceso.

«El rol de ProCompetencia es investigar y sancionar cuando se confirma la colusión. Nosotros actuamos tras las alertas, no antes de la adjudicación», aclaró.

La funcionaria resaltó la coordinación entre ProCompetencia, DGCP y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo cual ha permitido capacitar a más de 700 oficiales de ética y comités de compras, fortaleciendo la detección temprana de irregularidades.

Asimismo, mencionó que se han implementado herramientas como un Observatorio de Condiciones de Competencia y técnicas de inteligencia artificial para analizar bases de datos y detectar patrones que evidencien prácticas anticompetitivas.

Sanciones más contundentes

Sobre las penas, Vázquez Taveras detalló que la Ley 42-08 establece sanciones que oscilan entre 200 y 3,000 salarios mínimos, pero que se está proponiendo una modificación para que estas se calculen en base a un porcentaje del volumen de ventas del infractor. Además, la nueva ley de compras introduce sanciones penales para quienes incurran en colusión, involucrando así al Ministerio Público en los procesos judiciales.

Una práctica antes tolerada, ahora penalizada

La presidenta de ProCompetencia subrayó el cambio cultural que implica penalizar acuerdos entre empresas para fijar precios o repartirse el mercado, prácticas que durante años fueron vistas como normales.

«En materia de compras públicas, no está bien ponerse de acuerdo. Eso afecta directamente la libre competencia y, por ende, al erario», enfatizó.

Finalmente, Vázquez Taveras reafirmó que la concentración de esfuerzos institucionales y las reformas legales refuerzan el compromiso del Estado dominicano con la transparencia y la equidad en el uso de los fondos públicos.