María Elena Vásquez Taveras plantea la creación de un sistema moderno capaz de investigar, sancionar y reparar los daños causados por prácticas que distorsionan los mercados.

Santo Domingo. – La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, advirtió que la competencia desleal constituye una de las principales amenazas para la inversión, la productividad y el desarrollo empresarial en la República Dominicana, al generar ventajas ilegítimas para quienes incumplen las reglas y castigar a las empresas que compiten de manera honesta.

En ese contexto, llamó al sector empresarial y a la sociedad dominicana a respaldar la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, una iniciativa que fortalecerá la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar las prácticas que distorsionan los mercados, al tiempo que ofrecerá mayores garantías para la inversión y el crecimiento económico.

Al dictar la conferencia “Competencia desleal, fortalecimiento institucional y el rol de ProCompetencia frente a las prácticas que distorsionan los mercados”, durante un encuentro empresarial organizado por la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Vásquez Taveras sostuvo que la competencia desleal trasciende el ámbito de los conflictos privados entre empresas y debe ser entendida como un problema de política pública que afecta la inversión, la innovación, la productividad y el crecimiento económico.

“Las empresas honestas no temen a la competencia. Lo que necesitan es que las reglas sean iguales para todos”, expresó.

La titular de ProCompetencia explicó que cuando las ventajas competitivas se obtienen mediante engaño, confusión, aprovechamiento indebido de reputación ajena o cualquier otra conducta contraria a la buena fe comercial, se altera el funcionamiento normal de los mercados y se perjudica a quienes cumplen con las reglas.

Destacó que la política de competencia no solo protege a los consumidores, sino también a los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, las industrias que cumplen sus obligaciones legales y, en general, a todos aquellos agentes económicos que compiten legítimamente mediante la eficiencia, la innovación y la calidad.

El presidente de la UNE, Julio García, manifestó que la organización se identifica plenamente con los objetivos de ProCompetencia de promover y defender la competencia efectiva en beneficio de los consumidores.

El dirigente empresarial reconoció que ProCompetencia puede desempeñar un papel valioso no solo como autoridad sancionadora, sino también como aliada del desarrollo productivo, capaz de identificar barreras administrativas, trabas regulatorias y normas innecesarias que limitan la libre empresa.

“La competencia es indispensable para una economía sana. Promueve eficiencia, innovación, mejores precios y mejores servicios para los consumidores. Pero también debemos afirmarlo con igual claridad: sin seguridad jurídica, reglas previsibles y proporcionalidad regulatoria, no hay inversión sostenible”, expresó el líder empresarial.

Limitaciones del sistema actual y necesidad de reforma

Vásquez Taveras reconoció que, pese a los importantes avances alcanzados por ProCompetencia en los últimos años, aún persisten limitaciones estructurales que reducen la efectividad de la actuación institucional frente a las prácticas anticompetitivas y la competencia desleal.

Entre ellas citó la insuficiencia de facultades sancionadoras en los casos de competencia desleal, las dificultades para acceder oportunamente a información relevante para las investigaciones, la fragmentación institucional en la aplicación de las normas de competencia y la ausencia de herramientas modernas presentes en las jurisdicciones más avanzadas.

Indicó que estas debilidades han sido identificadas por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP, por sus siglas en inglés), que han recomendado fortalecer el marco legal e institucional dominicano.

La iniciativa contempla la creación de la Autoridad Nacional Antimonopolio y Competencia Económica (ANACE), la implementación de un régimen general de control de concentraciones económicas, programas de clemencia para detectar cárteles, mayores facultades de investigación, mecanismos efectivos para garantizar el suministro de información y un régimen sancionador actualizado.

Asimismo, incorpora por primera vez un marco moderno y detallado para prevenir, investigar y sancionar la competencia desleal, incluyendo prácticas como los actos de engaño, confusión, publicidad engañosa, explotación de reputación ajena, imitación indebida, denigración, violación de secretos empresariales e inducción al incumplimiento contractual.

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que permitirá sancionar tanto a las empresas como a las personas físicas que participen, faciliten, ordenen o ejecuten conductas anticompetitivas o desleales, fortaleciendo la capacidad disuasoria del sistema y cerrando espacios de impunidad.

Finalmente, la presidenta de ProCompetencia enfatizó que las economías más prósperas son aquellas que cuentan con instituciones sólidas, reglas claras, mercados abiertos y autoridades capaces de garantizar el funcionamiento efectivo de la competencia.