Durante una conferencia en CODOPYME, María Elena Vásquez Taveras afirmó que el país es el único de América Latina que aún carece de un régimen general de control previo de concentraciones económicas, una herramienta esencial para preservar mercados competitivos.

Santo Domingo, D. N. La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, afirmó que la República Dominicana necesita modernizar su legislación de competencia para responder a los desafíos de la economía digital, las plataformas tecnológicas y las operaciones empresariales de alcance global, mediante la aprobación de una nueva Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica.

Durante una conferencia impartida en la sede de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), explicó que, aunque la Ley 42-08 permitió construir la institucionalidad de competencia en el país, los profundos cambios experimentados por los mercados durante los últimos años hacen indispensable actualizar el marco jurídico para dotar a la autoridad de herramientas acordes con la realidad económica actual.

“Nuestra legislación ha cumplido un papel fundamental durante estos años. Sin embargo, hoy enfrentamos una economía mucho más abierta, digital e interconectada. Si queremos proteger la competencia, incentivar la inversión y generar mayor bienestar para los consumidores, necesitamos un marco legal moderno, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI.”

Como ejemplo de esa nueva realidad, Vásquez Taveras citó la reciente adquisición de Pedidos Ya por Uber, una operación negociada fuera de la República Dominicana cuyos efectos podrían incidir directamente sobre la estructura competitiva del mercado nacional, afectando a comercios, repartidores, MIPYMES y consumidores.

Explicó que prácticamente todos los países de América Latina cuentan con mecanismos que permiten a sus autoridades de competencia analizar preventivamente este tipo de operaciones cuando pueden producir una reducción sustancial de la competencia. La República Dominicana, en cambio, continúa siendo el único país de la región que carece de un régimen general de control previo de concentraciones económicas.

“No se trata de impedir inversiones ni de obstaculizar el crecimiento empresarial. Se trata de asegurar que las operaciones de gran impacto económico puedan evaluarse oportunamente cuando exista el riesgo de afectar la competencia, la innovación o el bienestar de los consumidores.”

En ese sentido, explicó que el proyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, remitido al Poder Ejecutivo el pasado 26 de febrero, subsana uno de los principales vacíos del régimen dominicano de competencia, al incorporar un moderno sistema de control previo de concentraciones económicas, alineado con las mejores prácticas internacionales y con los estándares recomendados por la OCDE, el BID y otras organizaciones especializadas.

La iniciativa también fortalece el tratamiento de la competencia desleal, incorpora un Programa de Clemencia para detectar y desarticular carteles, introduce herramientas para enfrentar los retos de la economía digital y fortalece la coordinación entre las instituciones responsables de la regulación económica.

Durante su exposición, Vásquez Taveras destacó que la política de competencia constituye una política pública de desarrollo económico, al promover mercados más eficientes, estimular la innovación, aumentar la productividad y generar mayores oportunidades para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, resaltó el papel de las organizaciones empresariales como aliadas estratégicas para identificar barreras regulatorias, impulsar reformas institucionales y consolidar una verdadera cultura de competencia que favorezca el crecimiento sostenible de la economía dominicana.

Como parte del encuentro, ProCompetencia y CODOPYME reafirmaron su compromiso de continuar desarrollando iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer la competitividad de las MIPYMES, promover una mayor cultura de competencia y contribuir a la construcción de mercados más abiertos, dinámicos e inclusivos.

Al concluir su intervención, la presidenta de ProCompetencia resumió el propósito de la reforma con un mensaje dirigido al sector empresarial:

“La mejor política pública para fortalecer a las MIPYMES no consiste en protegerlas de la competencia, sino en garantizarles mercados abiertos, transparentes y libres de prácticas anticompetitivas, donde puedan competir en igualdad de condiciones, innovar y crecer.”

Departamento de Comunicaciones