La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia (Pro-Competencia) emitió la Resolución núm. 021-2018, mediante la cual fue desestimada la denuncia interpuesta por la sociedad comercial Pricesmart Dominicana, S.R.L., contra las empresas Grupo Ramos, S.A., Bravo, S.A. y Cyngunsville, S.R.L., en fecha 20 de marzo de 2017, por supuestos actos de competencia desleal.

La sociedad comercial Pricesmart Dominicana, S.R.L., alegó en su denuncia que los referidos agentes económicos denunciados estaban incumpliendo normas de registro sanitario y etiquetado de productos, los cuales podrían constituir actos de competencia desleal por incumplimiento de normas, de conformidad con las disposiciones del literal “f” del artículo 11 de la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08.

En la Resolución núm. DE 021-2018, la Dirección Ejecutiva reiteró que la comprobación de la existencia de actos de competencia desleal vinculados al incumplimiento de normas solo se puede producir si las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de aquellas que presumiblemente han sido infringidas determinan a través de los mecanismos dispuestos en sus respectivas normativas, que efectivamente dichas normas han sido violadas e incumplidas.

En el particular, las autoridades competentes no emitieron la aludida certeza del incumplimiento de normas denunciado durante el procedimiento de instrucción llevado a cabo por la Dirección Ejecutiva ni en los plazos establecidos para tales fines, por lo que, dicho órgano instructor no pudo verificar la existencia de una ventaja competitiva significativa y de un perjuicio ocasionado a los competidores, tal como dispone la Ley núm. 42-08.

La Dirección Ejecutiva señaló que, “el ejercicio de tipificación de un acto de competencia desleal por incumplimiento a normas exige la verificación de dos elementos esenciales: a) la comprobación del incumplimiento de la norma en cuestión por parte de la autoridad competente y b) la ventaja competitiva resultante del cumplimiento, la cual debe reunir a su vez las siguientes características (i) ser significativa y (ii) generar un prejuicio a los competidores”.

El archivo del expediente fue ordenado por no haberse podido acreditar, en el marco del procedimiento de instrucción iniciado mediante la Resolución DE-005-2017 de fecha 2 de mayo de 2017, la existencia de la alegada práctica prohibida.