Hay colusión, cuando los integrantes de una misma industria se ponen de acuerdo en cuál será el precio mínimo de su producto (siempre con puntos en alza). De esta manera, las empresas más grandes se aseguran un precio mínimo alto para sus propias ventas, y un precio razonable para los más pequeños.

Entonces es, cuando tenemos que volver a hablar de una justicia para los consumidores, fueros especializados, abogados gratuitos y fiscales que realmente los protejan. Porque, en definitiva, las empresas se hacen justicia por sí mismas, incluso en estos casos cuando lo que implicaría una cierta “justicia” para ellos, trae aparejada gran cantidad de inconvenientes para la economía familiar y la alimentación.

Aquí entonces abrimos una nueva puerta. ¿Por qué no existe ya una autoridad que regule la competencia? Porque ya la hay. La ley 27.442 creó la Autoridad Nacional de la Competencia, antes llamada la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Qué tienen en común ambos organismos? Jamás, se conformaron los tribunales que garantizarían que actos de colusión como el mencionado, o fusiones de compañías oligopsonios que unidas terminan conformando un monopolio (caso Fibertel + Personal + Cablevisión), no ocurran.

Entonces, haciendo funcionar adecuadamente los organismos establecidos en leyes, se debería buscar desde el gobierno nacional, desarmar esas redes de concentración en lugar de auspiciarlas, porque no existe el libre mercado sin eso. Tampoco hay competencia ni precios competitivos, peor en cambio, nos encontramos con que sí hay concentración de las riquezas y distribución de ésta sólo hacia arriba. Entonces, siguen ganando los mismos pocos empresarios de siempre.

Cuando los fuertes ponen las reglas para todo y el Estado se desentiende se rompe el sistema, y el nuestro, está roto. Así sin más, es como funciona el sistema de la economía liberal, y una multa millonaria puede asustar una vez, pero si esa multa llega 5 años después de la conformación del “cartel”, ¿qué sentido tiene? Está claro que se necesita seguir conduciendo nuestros discursos y metas hacia el problema de la economía familiar, que empieza a destrabarse si como Estado somos capaces de accionar para que los organismos existentes, así como las secretarías y los ministerios, actúen en función de la defensa de los derechos que tenemos como usuarios, como consumidores, y como ciudadanos argentinos.

No alcanza con una economía orientada al bien común, tiene que existir una planificación ejecutada para asegurar la dignidad y la equidad de todo el pueblo argentino. Para lograr esta realidad, la autoridad de defensa del consumidor y la justicia del consumidor, son claves. Sin un Estado presente las empresas van a seguir eligiendo un mercado injusto o ajustado a sus beneficios, mejor dicho, borrando la humanidad de todos.