En el caso del anteproyecto de ley español, el informe de la CNMC avisa de que “la norma contempla una serie de medidas regulatorias que, por un lado pueden llegar a prohibir o limitar la actividad en el mercado de suministradores considerados de alto riesgo, y por otro pueden obligar a diversificar el número de suministradores de una red”.

Añade que en ambos casos estas medidas pueden alterar las condiciones de competencia en el mercado de suministradores y, por tanto, su aplicación regulatoria por razones de seguridad debería ser “rigurosamente analizada y valorada con respecto a su afectación a la competencia”, de forma que este factor pase a ser uno de los criterios a sopesar en el análisis de medidas de mitigación de riesgos, y en especial respecto a las restricciones vinculadas al perfil de riesgo de los suministradores, por su potencial capacidad de excluir a algunos agentes económicos del mercado.

Además, la CNMC señala que este posible efecto de reducción de suministradores en el mercado de redes 5G puede verse incrementado al incluir como uno de los criterios de valoración del perfil de riesgo el nivel de exposición a injerencias de terceros países, “entrando a valorar aspectos geopolíticos que puedan impactar en la seguridad”.

Argumenta la CNMC que esta posible pérdida de competencia en el mercado, derivada de un menor número de agentes podría reducir los incentivos a la innovación, “y aumentar el coste de prestación de servicios y la reducción de la calidad, afectando negativamente a los operadores y usuarios de servicios 5G en los mercados descendentes”.