Fuente: laopiniondemurcia.es

Defiende que está obligada a garantizar «la gestión adecuada» del dinero público tras las sanciones al ‘cártel’ integrado por 26 empresas

La Consejería de Educación defiende «la potestad y la obligación de gestionar adecuadamente los recursos públicos salvaguardando la transparencia, la equidad y la libre competencia» frente a las pretensiones del transporte escolar de forzar la prórroga de los contratos. El departamento de Mabel Campuzano hizo público ayer un comunicado en el que confirma que las sanciones de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) a las 26 empresas acusadas de crear «un cártel» para manipular las adjudicaciones de las rutas escolares impiden mantener durante los próximos tres años unos contratos que, «además de estar denunciados, no garantizan la libre competencia».

Tal y como adelantó ayer La Opinión, la Consejería trata de guardarse las espaldas para no incurrir en algún tipo de responsabilidad legal si prorroga unos contratos que han supuesto «un sobreprecio» para la Administración regional, según se recoge en la resolución de la CNMC de 2019. Competencia acusa a las compañías integrantes del «cártel» de elevar el precio de los lotes que salían a licitación mediante las renuncias de las empresas que presentaban las ofertas más bajas, de forma que acababan siendo adjudicadas a un postor que ofrecía un precio muy superior.

Aunque la Froet niega cualquier validez a las acusaciones de la Competencia hasta que sean ratificadas por la Audiencia Nacional, la Consejería dejaba claro ayer que ante las acusaciones contra las 26 empresas «que pudieron haber pactado para engañar a la Consejería y encarecer los contratos» no es posible mantenerlos tres años más porque resultan lesivos para la Administración.

Añadía que el anterior equipo de Educación sacó a información pública un nuevo Acuerdo Marco con el propósito de reducir la factura del transporte escolar y de terminar con los contratos denunciados, aunque fue retirado después para modificarlo a raíz de las quejas de los transportistas.

Tras cinco días de paro, Mabel Campuzano reiteraba ayer a las empresas que el incumplimiento de los contratos firmados con la Administración regional, « conlleva automáticamente la resolución». También culpaba a los transportistas de poner en peligro «la salud de los alumnos al incumplir los límites en la ocupación de los vehículos» y de privarles de su «derecho a la educación».

Por su parte, la Froet acusa a Educación de «criminalizar a las empresas» y sostiene que las acusaciones de la Competencia no tendrán validez si no son ratificadas por una sentencia de la Audiencia Nacional. Mientras tanto, asegura que «no hay ninguna empresa condenada judicialmente y, por tanto, prevalece el derecho a la presunción de inocencia». El secretario de la Sección de Viajeros de Froet, Antonio Torres, declaró que «aunque Educación se monte películas pintándonos como los más malotes del universo y se escude en supuestos temores, nosotros no tenemos ningún temor».

La patronal reclama a Educación los informes de Intervención y de Contratación que, según declaró Mabel Campuzano, son contrarios a la prórroga de los contratos exigida por los huelguistas.