Fuente: es.investing.com

El pleno del Senado ha aprobado este martes modificar la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres sobre infracciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera.

El proyecto de ley, al que se ha incorporado una enmienda de modificación de los contratos de arrendamiento o cesión de locales de negocios en los aeropuertos gestionados por AENA (MC:AENA), ha sido aprobado por 153 votos a favor, 5 en contra y 100 abstenciones.

El proyecto de ley aprobado hoy ha refundido dos proyectos en uno: el del régimen sancionador de las VTC y el de la morosidad del transporte de mercancías por carretera.

Además, se ha añadido una serie de aspectos cuya aprobación era urgente, referidos al transporte escolar por autobús o a la Sociedad Mercantil Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (SENASA), para que se pueda presentar a licitaciones públicas, entre otros.

En cuanto a la morosidad del transporte de mercancías por carretera, el proyecto original, que estaba basado en lo que había pedido en parte el Comité Nacional del Transporte, consideraba sanciones más duras que, finalmente, se rebajaron en el Congreso mediante una enmienda transaccional del PP.

En lo que se refiere a la VTC, se refuerza la regulación que ya están aplicando las comunidades autónomas para que, en caso de incumplimiento, se pueda sancionar.

Entre estas penalizaciones se encuentran la realización del servicio sin contratación previa o en un ámbito territorial distinto al que corresponda o la circulación para la búsqueda, recogida o que pueda propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio.

Además, establece nuevas infracciones relacionadas con el itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo.

Para reforzar la efectividad del nuevo marco sancionador, se establece la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves –que podrán llegar a los 18.000 euros– o incluso, en último término, la posibilidad de revocar la autorización de VTC para la comisión de tres sanciones muy graves en un periodo de dos años.