Fuente: lainformacion.com

De poco le ha servido a Toyota su largo periplo por los tribunales tratando de anular la sanción millonaria impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tras cinco años de recursos y procedimientos, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la filial española del fabricante de coches contra la decisión de la Audiencia Nacional que confirmaba la existencia de un cártel en sus concesionarios de «zona de Madrid» entre noviembre de 2012 y junio de 2013. Práctica que fue revelada por las autoridades de la competencia en 2015 y por las que multó con un total 171 millones de euros a 21 compañías del mercado de distribución y comercialización de vehículos.

En la sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechaza los motivos de casación esgrimidos en el recurso y señala que no hay lugar al mismo. Como ya hiciera la Audiencia Nacional, el alto tribunal considera probadas las prácticas concertadas que mantuvo Toyota España durante años en acuerdo con otras marcas, y que consistían en intercambiar información comercialmente sensible y estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios de postventa. Una infracción única y continuada que permitió la fijación de precios en sus vehículos y otras condiciones comerciales.

El Supremo ratifica la sanción de 8,6 millones de euros impuesta por la CNMC a la sociedad, la cual considera ajustada a derecho. La sala basa su decisión de hacer responsable a Toyota de la formación de cártel en la interpretación de la misma Ley de Defensa de la Competencia, que considera este tipo de infracción «todo acuerdo secreto cuyo objeto incida, o pueda incidir» en la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, en el reparto de mercados. En su caso, los acuerdos afectaban a los modelos Yaris Hibrido, Prius, Prius+, Auris Hibrido y Auris Gasolina/Gasoil.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo ha castigado en un año al 80 % de las empresas del llamado «cártel de los concesionarios», confirmando multas por un total de 126 millones de euros desde abril de 2021. Para ello, los jueces han tenido que ir resolviendo cada uno de los recursos planteados por más de quince marcas. Primero fueron desestimadas por la Audiencia Nacional y después el Supremo terminó por agotar las vías al tiempo que sentaba doctrina con la referente sanción a Citroën España y Peugeot España, que deberán abonar unos 14,8 y 15,7 millones, respectivamente.

En este sentido, la sala de Contencioso-Administrativo concluye en una de sus recientes sentencias que «incuestionable que un intercambio de esas características es dañino para la competencia» ya que es «apto para suprimir la incertidumbre sobre el comportamiento en el mercado de las marcas respecto a parámetros estratégicos, reduce la independencia de la conducta entre las marcas partícipes en el mismo y disminuye los incentivos para competir».

La resolución final afectó a otras empresas de primer nivel como BMW, que fue multada con 8 millones de euros, Fiat (6,9 millones) Ford (20,2 millones), General Motors (22,8 millones) o Renault (18,2 millones), entre otras, aunque las cuantías más elevadas recayeron sobre estas tres últimas. Las sanciones se fijaron en base a la remuneración y márgenes comerciales que obtuvieron las redes de concesionarios investigadas con su influencia en el precio final de venta.

A raíz de estos múltiples pronunciamientos judiciales, se ha ido desatando una oleada de consultas legales por parte de quienes adquirieron un coche en la época de los hechos, entre 2006 y 2013, ya que entienden que esta práctica anticompetitiva «infló» el precio de sus vehículos. Legálitas calcula que lo reclamado «podría ascender hasta a un 10% del precio abonado», mientras que el despacho Cremades y Calvo Sotelo, que trabaja con la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches, cifran las reclamaciones en una media de 2.500 euros por vehículo.