SANTO DOMINGO, D.N.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) se han comprometido a completar el marco normativo institucional del derecho de la competencia relativo al sector aeronáutico para promover la transparencia en los mercados, garantizar excelencia de los servicios y lograr eficiencia económica.

La decisión está contenida en un acuerdo de colaboración interinstitucional que han suscrito la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, y el director general en funciones del IDAC, Héctor Porcella Dumas, durante un acto celebrado este jueves cerca del mediodía en la institución que vela por la sana y libre competencia en los mercados conforme la ley 42 de 2008.

Asistieron a la actividad, además de la presidenta del Consejo Directivo, la consejera Gianna Franjul y encargados de los departamentos. Y por el IDAC, acompañaron a Porcella Dumas, Bernarda Franco, directora legal, Izzet Sansur, director administrativo, Priscila Camarena, directora de Relaciones Públicas; Richard Collie, director de Planificación, y Jasmín Fabré, encargada de Relaciones Interinstitucionales.

“La relación institucional entre el Instituto Dominicano de la Aviación Civil (IDAC) y ProCompetencia se puede calificar como “un vuelo sin turbulencias”, ha puntualizado Vásquez Taveras en su discurso.

Enfatizó que ese tipo de vínculo existente es una evidencia que permite establecer las ventajas de un modelo de gestión pública colaborativa en el sector público.

De acuerdo a la servidora pública, el pacto beneficia a ambas instituciones en aspectos como: difundir el contenido de las leyes y normativas reglamentarias de cada institución; intercambiar conocimientos, mejores prácticas administrativas, material bibliográfico y normativo, estadísticas y cualesquiera otros materiales o que resulten de mutuo interés.

Además, celebrar conferencias, seminarios, talleres, cursos y otros encuentros académicos, que generen espacios para la discusión y el intercambio de experiencias y para la difusión de información a los ciudadanos; ejecutar, de forma conjunta, proyectos de cooperación de interés mutuo, así como cualesquiera otras actividades propias de la naturaleza de ambas instituciones; intercambio de información que resulte de interés para el ejercicio de las competencias de cada institución, manteniendo la estricta confidencialidad de los datos sensibles.

Ha referido que, desde febrero de 2021, la institución que preside y el IDAC trabajan de manera conjunta en el proyecto “Diagnóstico de condiciones de competencia en el transporte aéreo de pasajeros de la región centroamericana y propuesta de política pública de aplicación nacional derivada del diagnóstico”, de la Red de Autoridades de Competencia de Centro América y República Dominicana (RECAC), a través de la iniciativa de Bienes Públicos Regionales (BPR) realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo a la servidora pública, el IDAC, como órgano rector de la aviación civil en el país ha sido una pieza clave para el desarrollo del referido proyecto. Ha resaltado que esa entidad ofreció datos relevantes que sirvieron de valiosos para la iniciativa, como los procesos de solicitud de slot y implementación de reglamentos en el país, entre otros.

Citó además la participación en la IV Mesa de Trabajo Regional entre las Autoridades de Competencia y las Autoridades de Aviación Civil, celebrada en Panamá en enero del 2022, “donde ambas instituciones participamos en representación de nuestro país”.

Porcella Dumas, entretanto, opinó que el compromiso contraído tiene gran trascendencia porque responde a la voluntad del IDAC de afianzar su rol como órgano estatal responsable de la regulación, supervisión y control de la aviación civil en la República Dominicana.

“En el IDAC somos conscientes de que la calidad y la excelencia de cada una de nuestras actividades son fundamentales para no quedarnos rezagados en un escenario global cada vez más competitivo”, argumentó.

Agregó que es su deber promover que los servicios brindados, técnicos y administrativos, tengan un mayor nivel de calidad, eficiencia y eficacia para garantizar el ejercicio pleno del derecho a una buena administración en consonancia con los propósitos de reforma planteados por el presidente Luis Abinader.