Fuente: elcomercio.pe

La semana pasada, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca prohibir toda práctica que limite la libre competencia, el abuso de la posición de dominio, los monopolios y oligopolios mediante una modificación al artículo 61 de la Constitución.

Sin embargo, la propuesta carece de una forma realista de ser implementada, obvia que la Constitución ya sanciona el abuso de la posición de dominio y distrae de los verdaderos pendientes para mejorar las políticas de libre competencia.

Sin novedad y sin sustento

La propuesta del Gobierno omite que organismos internacionales han señalado que la legislación de competencia vigente en el Perú ya es adecuada y está en línea con los estándares internacionales.

Además, el artículo 61 de la Carta Magna indica que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

También, la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada en el 2008, prohíbe y sanciona las concertaciones de precios, producción y ventas, así como cualquier práctica que impida la entrada de competidores al mercado. En esa línea, el Indecopi mantenía 11 procesos sancionadores por presuntos cárteles y abuso de posición de dominio en enero del 2022.

Sin embargo, a inicios del 2021, se aprobó la Ley 31112 que establece el control previo de fusiones y adquisiciones empresariales, y que ya está siendo implementada por el Indecopi.

Por ejemplo, hacia enero último, dicha institución ya había aprobado dos fusiones empresariales y mantenía otras cinco en trámite.

Contraproducente

Adicionalmente, la propuesta del Ejecutivo tendría efectos contraproducentes sobre la economía, porque desincentivaría el crecimiento y la innovación de las empresas.

En general, la posibilidad de lograr una mayor cuota de mercado impulsa a todas las firmas a crecer a través de la adopción de nuevas tecnologías, la reingeniería de sus procesos y una mayor creatividad para volverse más eficientes, a fin de ofrecer un mejor precio y producto o servicio. Al respecto, el Perú ocupa el puesto 90 entre 141 economías en el ránking de Capacidad de Innovación del Índice Global de Competitividad 2019, por debajo de Brasil (40) y Chile (53).

Respecto de los monopolios naturales, es importante recordar que varios de ellos están a cargo de empresas estatales. Por ejemplo, la provisión de agua se encuentra monopolizada según áreas geográficas por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento locales, como Sedapal en Lima Metropolitana. Además, existen monopolios estratégicos como la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) que monopoliza la producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca, a fin de garantizar el dinamismo de cultivo tradicional y el control de drogas.

Tanto en estos casos como con los oligopolios por eficiencia –en los que solo puede haber pocas empresas en el mismo mercado– la norma no considera que ya existen entidades reguladoras, como el Osiptel y el Ositrán, que regulan las tarifas y promueven la competencia en dichos sectores.

Por ejemplo, el Perú y Colombia han registrado niveles similares de adopción de tecnologías de información y comunicación en la última década, según información del Foro Económico Mundial. Sin embargo, gracias a la promoción de la competencia y el rol de regulador, el Perú redujo significativamente la concentración en el mercado de telecomunicaciones entre el 2005 y 2017, una de las mayores disminuciones en la región.

Mala puntería

Además de las fallas descritas, el proyecto de ley no atiende la causa principal del problema que busca solucionar. En el 2019, el Perú ocupó el puesto 100 en el indicador de competencia interna del Foro Económico Mundial, 65 posiciones detrás de Chile, el mejor país de América Latina.

Sin embargo, la diferencia entre ambos no se debe a la presencia de pocas empresas con gran dominio sobre el mercado, sino que se explica principalmente por distorsiones generadas por la estructura de impuestos y subsidios en el Perú.

Así, una mejor alternativa consistiría en identificar y corregir aquellas distorsiones. Se estima que, con solo alcanzar a Chile en la dimensión “impuestos y subsidios que distorsionan la competencia”, el Perú podría escalar 50 posiciones en el indicador de competencia interna. En contraste, igualar al mejor país de la región en el componente de “mercado dominado por pocas empresas” (Costa Rica) solo le permitiría al Perú alcanzar el puesto 78.

Alfredo Bullard, socio del estudio Bullard Falla Ezcurra, coincide en que eliminar barreras burocráticas tendría un impacto significativo en la competencia.

Para el abogado, mantener una economía abierta, eliminar permisos particulares sin sentido y reducir los costos de entrada favorecería el ingreso y la creación de nuevas empresas, lo que a su vez fortalecería la libre competencia y el desarrollo de la economía.

Por ejemplo, el Indecopi estima que las 7.658 barreras eliminadas o inaplicadas por la institución en el 2019 generaron un ahorro a la sociedad de casi S/100 millones.

Espacios de mejora

Según la OCDE, el principal espacio de mejora pendiente en política regulatoria en el Perú está vinculado al fortalecimiento de la autonomía, y la independencia del Indecopi y de sus órganos de decisión.

Al respecto, es importante recordar que, a diferencia de otros organismos especializados como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, la designación del presidente del Indecopi depende exclusivamente del Ejecutivo y no requiere presentar experiencia previa ni alcanzar consenso político en el Legislativo.

Una preocupación genuina e informada sobre la regulación de la competencia en el Perú se centraría en los retos pendientes, lejos de intentar normar sobre lo que ya está normado.