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La sentencia es un duro golpe en la lucha de la comisaria de Competencia, Margrete Vestager, por acabar con los entramados fiscales que permiten a multinacionales ahorrarse cientos o miles de millones en impuestos y alterar la libre competencia pues esos beneficios no los obtiene cualquier empresa. Vestager tiene en el punto de mira a países como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos.
Los jueces aseguran, en un primer comunicado al que seguirá la sentencia, que la Comisión debe tener en cuenta que “la existencia de una ventaja sólo puede apreciarse en relación con una imposición considerada ‘normal’, de modo que, para determinar si existe una ventaja fiscal se debe comparar la situación del beneficiario resultante de la aplicación de la medida en cuestión con la de este en ausencia de la medida de que se trate y en aplicación de las normas tributarias ordinarias”. En castellano corriente: que la Comisión no demostró suficientemente que el acuerdo fiscal entre la Hacienda luxemburguesa y Amazon diera a la empresa una ventaja ilegal con respecto a otras.
Los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea tienen además investigaciones abiertas en casos como los acuerdos de Ikea y Nike con la Hacienda holandesa y el de Huhtamäki, una multinacional finlandesa especializada en la producción de productos de embalaje y empaquetado, con la Hacienda de Luxemburgo.
El caso no es el primero que terminó siendo decidido por los jueces. El Tribunal europeo ya apoyó la decisión de la Comisión Europea en el caso de Fiat-Chrysler en Luxemburgo y confirmó que la Comisión Europea hace bien al usar las normas de control de ayudas de Estado para luchar contra los acuerdos fiscales que permiten evadir impuestos a las multinacionales.
Los jueces, en cambio y como ahora en el caso de Amazon, no aceptaron situaciones similares en los casos de Starbucks y sobre todo de ‘Apple’, en el que la Comisión Europea había ordenado a la Hacienda irlandesa que cobrara 13.000 millones de euros de impuestos impagados a la tecnológica estadounidense.
El caso de Amazon y Luxemburgo contra Bruselas empezó en 2017 cuando la Comisión Europea decidió que la Hacienda luxemburguesa había hecho que la empresa estadounidense se ahorrara cientos de millones de euros en impuestos sobre más de las tres cuartas partes de sus beneficios en sus más importantes mercados europeos. Amazon tiene su sede central europea en el Gran Ducado y ahí enviaba sus beneficios.
El Gobierno luxemburgués también recurrió la decisión del Ejecutivo europeo –que por entonces dirigía precisamente el luxemburgués Jean-Claude Juncker- alegando que su acuerdo (conocido como tax ruling) con Amazon no era contrario a la normativa europea porque no daba a la empresa ninguna ventaja competitiva.
Luxemburgo quería proteger a Amazon. La empresa tiene más de 3.000 empleados en el pequeño país centroeuropeo y con los años se convirtió en uno de los mayores generadores privados de empleo en un país que apenas supera los 600.000 habitantes y que tiene la renta per cápita más alta de la Unión Europea con más de 101.000 euros.
Cuando Vestager anunció en 2017 su decisión sobre Amazon dijo: “Luxemburgo dio beneficios fiscales ilegales a Amazon. Como resultado, casi tres cuartas partes de sus beneficios no pagaron impuestos”. Los jueces dijeron este miércoles que la comisaria se equivocaba.
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