LEY DE MERCADOS DIGITALES
La ley de mercados digitales impone obligaciones a las grandes tecnológicas -Google, Apple, Facebook, Amazon o Microsoft- con el objetivo de limitar su poder de mercado y que deberán cumplir antes que la Comisión Europea abra una investigación si teme que están incumpliendo la libre competencia.
Se prohibirá a las compañías favorecer sus propios servicios frente a los de la competencia y no se les permitirá combinar los datos personales de los usuarios que adquieren a través de sus múltiples servicios, salvo que estos lo consientan.
Además tendrán que autorizar a las empresas que se han convertido en sus clientes a poder vender sus productos a través de otra plataforma, sobre todo si es a un precio inferior y también les tendrán que dar acceso a los datos generados por sus clientes.
Son condiciones que inciden en todas aquellas prácticas que Bruselas ha considerado ilegales bajo las leyes actuales de la libre competencia, pero que no ha podido sancionar hasta largos años de investigaciones previas.
Entre ellas se encuentra también la posibilidad de que los usuarios puedan desinstalar las aplicaciones que vienen por defecto en los dispositivos móviles.
En caso de que las plataformas incumplan, Bruselas podrá tomar medidas drásticas como obligar a las empresas a fragmentarse.
Los países de la UE quieren que estos requisitos se apliquen a las empresas con una capitalización de mercado de 65 mil millones de euros, una cifra inferior a la que exige el Parlamento Europeo (80 mil millones), que votó su postura el pasado lunes y con quien tendrán que llegar a un acuerdo para consensuar un texto común.
LEY DE SERVICIOS DIGITALES
Bajo la ley de servicios digitales, las tecnológicas tendrán que eliminar el contenido ilegal de sus páginas, siempre que tengan conocimiento de su existencia, pues si no lo hacen se les responsabilizará de esa información.
También tendrán que hacer análisis de riesgo para evitar que la información que ofrecen suponga un peligro para la salud de los ciudadanos o la seguridad pública, deberán someterse a auditorías independientes y dar a las autoridades los datos que necesiten para evaluar la forma en que moderan los contenidos.
El Consejo de la UE también propone que las plataformas que ofrecen servicios exclusivos a los menores se dirijan a ellos en un lenguaje que puedan comprender y habiliten herramientas de control parental.
La Eurocámara dio un paso más y aprobó una enmienda para prohibir los anuncios personalizados a los menores de edad.
La intención es que ambas leyes entren en vigor en 2023, pero antes tendrán que someterse al voto del pleno de la Eurocámara y solo después podrán empezar las negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea.
Precisamente sobre el rol del Ejecutivo comunitario a la hora de supervisar que las plataformas cumplan la ley de servicios digitales recae uno de los puntos débiles sobre el consenso alcanzado hoy por los países, según diversas fuentes.
CONSUMIDORES Y MEDIOS PIDEN IR MÁS ALLÁ
El Consejo acordó que sea la Comisión quien tenga la última palabra, para evitar que Irlanda, sede de los gigantes de internet por las ventajas fiscales que les ofrece, retrase las investigaciones, pero es un elemento que podría cambiar durante las negociaciones finales.
La directora general de la organización europea de consumidores (BEUC), Monique Goyens, lamentó que «los Estados miembros no hayan ido más lejos» en aspectos como la interoperabilidad de los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Signal.
«Los consumidores que desaprueban, por ejemplo, las prácticas de datos de WhatsApp tienen pocas opciones y deben usar su servicio porque la mayoría de sus contactos está allí», dijo Goyens.
El sector europeo de los medios de comunicación emitió un comunicado pidiendo que se «refuercen» aspectos de la ley de servicios digitales como el uso de los datos por parte de las plataformas o su obligación de ceder a las empresas los datos de sus clientes.
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