Fuente: heraldo.es

Con la sensación de que el Gobierno les ha dado la espalda. Así se sienten los fabricantes aragoneses de mascarillas. Se les llamó al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, para que tirasen de sus contactos en China cuando no había forma de encontrar equipos de protección y ahora, sin embargo, les dejan de lado. «Es todo un despropósito. Quieren tener una reserva industrial en España. Nos dieron ayudas para poner líneas de fabricación de mascarillas. Es dinero de todos y en lugar de adquirir la producción local, se las compran a China», denuncia Clara Arpa, consejera delegada de la empresa Arpa Equipos Móviles de Campaña.

«Van solo a precio y si sacan la licitación de la mascarilla FFP2 a 0,40 céntimos y la mía es a 0,72 ya ni entra a concurso. Es vergonzoso que la Administración no entienda que esos 30 céntimos pagan el empleo, las cotizaciones sociales y una calidad certificada porque seguimos sin saber lo que nos ponemos en la boca», critica Arpa, y añade: «A los políticos no les debería dar igual de dónde venga el producto. Tendrían que asegurar esa pequeña reserva estratégica por si vienen mal dadas».

Arpa Equipos Móviles de Campaña ha invertido más de 600.000 euros en dos máquinas de fabricación. Las tiene «paradas» y otra que compró para hacer tejidos «montada» y que ni ha podido estrenar. Eso que de ayudas del Gobierno ha recibido 478.000 euros. «Pero ni con esas», señala.

Ya en agosto de 2020 presentó un escrito de denuncia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Fue por unos pliegos que sacó la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que «impedían materialmente la presentación a la licitación de los fabricantes nacionales, ya que únicamente empresas asiáticas, por volumen de facturación, podían cumplir el umbral mínimo de solvencia exigido». A día de hoy, destaca, «sigue el mismo problema que antes de la covid: no hay ninguna reserva estratégica industrial de material sanitario».

«Al final nos volverá a pasar y no habrá mascarillas», avisa Francisco Farrer, gerente de DIMA, empresa de mascarillas quirúrgicas en Calatayud. «En el País Vasco y Valencia, los Gobiernos están primando a los fabricantes del territorio, pero a nivel nacional no hay voluntad política. Van a precio y no puntúan nada más», critica.

Y eso que en su caso, precisa, no les ha ido mal, ya que «siguen produciendo un millar de mascarillas al mes y unas 50.000 diarias, sobre todo para empresas biotecnológicas y del sector sanitario que sí priorizan tener una mascarilla certificada, de calidad y hecha en España aunque les cueste algún céntimo más». «Podríamos hacer dos millones y tener a diez personas trabajando y no a tres», dice Farrer, si el Ejecutivo defendiese la producción local.

«El Gobierno chino está poniendo dinero para que sus mascarillas se vendan tiradas de precio en toda Europa. Solo el material de la mascarilla nos cuesta 2 céntimos sin caja. El coste de producir una quirúrgica estará en 6 o 7 céntimos de euro, pero las chinas las venden muy por debajo. Y así la Administración no nos compra ni una sola. Es lamentable», asegura Farrer. En su caso, mantienen abiertas las líneas de fabricación de mascarillas, porque son un complemento a los implantes dentales que fabrican, y gracias a «la solidaridad entre empresas del sector» que se las compran. Aún no las han amortizado. Les costaron medio millón del que les subvencionaron unos 200.000, pero pueden soportar los gastos, admite.

Cierre de fábricas

No es el caso de Juan Malo, que lleva la dirección comercial de European Mask Factory (EMF), que produce mascarillas FFP2 en La Muela y que reconoce que como la demanda siga tan floja como ahora, con unas 10.000 mascarillas diarias con seis empleados, en abril tendrán que cerrar. «A pesar de que el Gobierno ha sacado un plan de reserva industrial de material sanitario, siguen comprando las mascarillas más baratas posibles», comenta.

En la actualidad, explica, al ser obligatoria la mascarilla en exteriores tienen pedidos para trabajar unos meses, pero la intención, si no hay cambios, es recuperar lo posible la inversión de medio millón de euros -tuvieron una ayuda de 160.000- y cerrar la fábrica. «Es una pena porque después de apoyarnos, nos dejan morir. Al ir a precio, contratan con grandes importadores que traen mascarillas desde China y a nosotros nos dejan de lado», se lamenta.

«Nos tienen abandonados. Hicimos miles de mascarillas para Cruz Roja cuando no había y ahora que tenemos las máquinas, tras una inversión de 450.000 euros, hacemos solo unas 20.000 o 30.000 al mes. Con eso, no llega ni para cubrir los gastos de la luz», denuncia José Luis Marín, propietario de Confecciones Marín en Tarazona, que fabrica mascarillas quirúrgicas.

Recalca, en este sentido, que lo que quieren es poder trabajar y cubrir las necesidades del mercado español. «Somos unos céntimos más caros que los asiáticos o turcos, pero ¿qué supone eso para una Administración?», se pregunta, confiado en que los pedidos de empresas locales les permitan seguir adelante.