La reforma de la Ley No. 42-08, el fortalecimiento de la colaboración entre instituciones y la implementación de tecnologías avanzadas permitirían hacer frente a esta práctica de manera más efectiva, planteó la presidenta de Pro-Competencia.

Las prácticas de competencia desleal como el contrabando, la piratería, la falsificación y la evasión se encuentran entre los factores que más afectan a las empresas y las recaudaciones del Estado, advirtió la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Elena Vásquez Taveras, durante su participación en el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal” organizado por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Al participar en el panel “Marco conceptual y legal del comercio ilícito y la competencia desleal, y el lavado de activos vía comercio de bienes”, Vásquez Taveras expuso que estas prácticas ponen en posición de desigualdad a las empresas que cumplen con sus obligaciones formales, lo que desincentiva la innovación, la competitividad, la productividad y las inversiones.

Indicó que esto también distorsiona los precios porque los productos ilegales suelen ser más baratos y, lo que es más grave, pueden poner en riesgo la salud de los consumidores, ya que no necesariamente cumplen con los estándares de calidad establecidos.

Pero uno de los aspectos más importantes, consideró, es que la competencia desleal genera pérdidas al Estado, afectando su capacidad de construir de escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios públicos para garantizar el bienestar colectivo.

“Cuando el Estado no recibe los ingresos que debe recibir producto de la evasión fiscal se ve mermada su capacidad para cumplir esa función social”, expresó Vásquez Taveras.

Propuestas

Vásquez Taveras explicó que Pro-Competencia, como organismo rector de la libre competencia, tiene el compromiso de fomentar mercados justos y equitativos y de velar porque se respeten las reglas del juego y que no se generen ventajas injustificadas que beneficien a determinados actores económicos.

En este sentido, planteó que para enfrentar con más fuerza la competencia desleal urge modificar la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia para que la institución tenga la capacidad de imponer multas antes las conductas desleales.

Dijo que también es necesario seguir creando espacios para que las instituciones puedan trabajar de manera conjunta e intercambiar informaciones para poder aplicar la normativa y enfrentar dichas prácticas.

Planteó que además se requiere implementar tecnologías que permitan identificar y perseguir adecuadamente a los evasores ya las personas que incurren en el comercio ilícito.

“Los infractores van mucho más rápido que nosotros, las autoridades, y, en muchos casos, nos vemos limitados precisamente por la tecnología que ellos utilizan”, expresó.

Integrantes del panel

La presidenta de Pro-Competencia participó en el panel junto a la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso Gómez; la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste; Eddy Alcántara, director ejecutivo de Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor); y la subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Yorlin Vásquez.