Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader confirmó que observará la reforma a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20 Ley 225‑20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, tras recibir observaciones de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y otros sectores productivos.

El mandatario indicó que, aunque aún no ha recibido formalmente el documento aprobado, ya ha sido alertado sobre una serie de fallos técnicos presentes en el texto.

“Pro-Competencia nos ha enviado varios informes que señalan errores y situaciones que deben corregirse en la ley, y vamos a atender esas correcciones y reenviar el proyecto al Congreso con esas observaciones”, manifestó.

En su informe técnico enviado a la Cámara de Diputados el pasado marzo, ProCompetencia expresó preocupación por varias disposiciones del proyecto de modificación a la ley 225‑20. Entre sus principales objeciones se señala que la obligación de las cementeras de usar residuos sólidos nacionales como combustible alternativo podría derivar en distorsiones competitivas, concentración del mercado y cristalización de oligopolios sin mecanismos regulatorios adecuados.

La entidad también advierte que la estructura del proyecto favorece la inclusión de un monopolio regional de gestión de rellenos sanitarios, eliminando la posibilidad de competencia y reduciendo la capacidad de los municipios de comparar calidad del servicio.

El rechazo a la reforma ha sido respaldado por diversos gremios del sector productivo como la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y otras organizaciones que coinciden en que las modificaciones aprobadas podrían afectar la libertad de empresa, la sostenibilidad ambiental y la competitividad del país.

Frente a esta situación, el presidente Abinader ha optado no promulgar el texto como está, sino devolverlo al Congreso para su revisión y corrección, en línea con las recomendaciones recibidas.

Esta decisión refuerza el compromiso del Estado dominicano con la institucionalidad, la transparencia normativa y la defensa de un modelo de competencia económica equitativa y sostenible.