La presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia, María Elena Vásquez Taveras, indicó que el sector agrícola enfrenta desafíos significativos que requieren atención desde la perspectiva del derecho de la competencia.

La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Elena Vásquez Taveras, destacó que San Juan tiene un liderazgo significativo en la producción de arroz y otros cultivos agrícolas en el país, al igual que otras provincias de la región sur.

Al dictar una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Juan, Vásquez Taveras detalló que la Regional Suroeste del Ministerio de Agricultura, que comprende San Juan, Azua y Elías Piña, produce el 60% de las habichuelas y los guandules del país, siendo San Juan el mayor productor en estos renglones, lo que le ha valido su denominación como el «granero del Sur”.

Agregó que estas provincias también lideran la producción nacional de batata y cebolla, donde aportan aproximadamente el 50% de la producción, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura.

Vásquez Taveras señaló que San Juan también contribuye con alrededor del 50 % de la producción nacional de maíz. En este sentido puntualizó que la mayor parte de este cultivo que se consume en el país proviene de importaciones, ya que aquí solo se produce el 12 % de la demanda.

La presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia destacó que el sur también es un gran productor de plátanos, guineos, mangos, aguacates, y lechosa.

Sin embargo, dijo que la limitante con estos cultivos es su baja productividad debido a la falta de competencia.

“Un ejemplo claro se refleja en el mercado de habichuelas, donde las condiciones están determinadas principalmente por los actores con mayor poder en la cadena de valor. Los pequeños productores carecen de capacidad de negociación, lo que les impide influir en los términos comerciales”, expresó Vásquez Taveras.

Indicó que la agricultura de la región sur tiene el imperativo de diversificar la producción con productos de un mayor valor agregado y que puedan ser industrializados y ofertados en el mercado internacional.

Planteó que esta realidad económica requiere un marco regulatorio específico que garantice la libre competencia y prevenga prácticas anticompetitivas que pudieran afectar el desarrollo del sector.

“Si superamos las ineficiencias y reducimos la dependencia de las importaciones de insumos, la agricultura podría convertirse en un motor económico aún más poderoso. En un escenario más competitivo, con inversión en tecnologías y prácticas sostenibles, la República Dominicana tiene el potencial de convertirse en el granero del Caribe, llevando al sector agropecuario a un nuevo nivel de productividad y sostenibilidad, y consolidándose como un pilar clave de nuestra economía”, expresó.

Estudio sobre sector arrocero

Vásquez Taveras adelantó que Pro-Competencia realizará un estudio sobre las condiciones de competencia en la industria arrocera con la finalidad de proponer acciones que favorezcan el mercado local, que se ha visto afectado por subsidios de mercados internacionales.

“La industria arrocera a nivel mundial se caracteriza por estar fuertemente protegida mediante subsidios, especialmente de países desarrollados como Estados Unidos. Esta situación representa un desafío para la política de competencia, ya que los subsidios distorsionan el mercado y afectan la competitividad”, Vásquez Taveras.

Vásquez Taveras planteó que este sector presenta particulares desafíos desde la perspectiva del derecho de la competencia debido a las distorsiones del mercado generadas por los subsidios internacionales.

“Por esta razón, el Estado dominicano se ha visto en la necesidad de implementar medidas arancelarias para proteger la producción local de arroz y garantizar la seguridad alimentaria del país”, puntualizó la presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia.