La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) elaboró una “Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en la Contratación Pública” con la finalidad de promover la competencia en los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios por el Estado.

Este proyecto facilitará herramientas para la detección y prevención de posibles conductas contrarias a la normativa de defensa de competencia realizadas por los agentes económicos en los procesos de selección de los proveedores de los bienes y servicios adquiridos con fondos públicos.

La Guía está dirigida a  todas las unidades de compra de los organismos que manejan presupuesto público, así como los agentes económicos que participan en los procedimientos de compras y contrataciones públicas, realizados bajo la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

Esta Guía tiene un carácter informativo, con el propósito de que el público en general cuente con instrumento de referencia para identificar prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08 y a la normativa de contrataciones públicas.

Entre sus objetivos está el de generar ventajas como precios más bajos, mejor calidad, un incremento en la innovación, mayor productividad y, en líneas generales, “buena relación calidad/precio” para el beneficio de los consumidores finales, los usuarios de servicios públicos y los contribuyentes”.

En sentido general, el documento establece que existe colusión cuando, en los procesos de compras y contrataciones, los oferentes se ponen de acuerdo, ya sea para coordinar sus ofertas, mediante el establecimiento del precio o cualquier otra condición comercial, o para repartirse el mercado de bienes y servicios de que se trate.

Con la Guía se podrán identificar las características y condiciones del mercado que pueden fomentar las conductas que violen tanto la Ley General de competencia como la normativa de contratación pública, los indicios que pueden llevar a detectar estas conductas, así como medidas preventivas que puede adoptar la entidad contratante, con el fin de evitar la colusión en los proceso que se realizan con fondos públicos.