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La propuesta legislativa responde a las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se encuentra alineada con los objetivos priorizados por el Comité de Comercio de Meta RD 2036.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) entregó formalmente al Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, iniciativa que modifica la Ley Núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia con el propósito de adaptarla a las dinámicas actuales de los mercados nacionales e internacionales.
El documento fue entregado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, por la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, acompañada del director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré. Subero Isa valoró la iniciativa y se comprometió a impulsar el proyecto para lograr su aprobación en el Congreso Nacional y que la República Dominicana disponga de una ley de competencia moderna y acorde a los estándares internacionales.
La propuesta legislativa responde a las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Examen Inter-Pares (Peer Review) realizado al derecho y política de competencia de la República Dominicana en 2024, y constituye una de las reformas estructurales clave para encaminar la aspiración del país de avanzar en su proceso de adhesión a ese organismo internacional.
Más allá de su alineación con estándares internacionales, la reforma representa una decisión estratégica del Estado dominicano para modernizar su arquitectura regulatoria, consolidar mercados más abiertos y competitivos, y fortalecer las bases de un crecimiento económico sostenible, inclusivo y basado en la eficiencia, por lo que ha sido priorizada como meta a corto plazo del proyecto Meta RD 2036.

Principales ejes de la reforma
El anteproyecto propone un marco normativo moderno y técnicamente robusto orientado a consolidar la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria mediante reglas claras, procedimientos más ágiles y mayores garantías institucionales y fortalecer la competencia efectiva en los mercados, previniendo prácticas anticompetitivas y promoviendo estructuras económicas más dinámicas.
También busca mejorar el clima de inversión y negocios, reduciendo incertidumbres y elevando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y elevar los estándares institucionales del país, reforzando su posicionamiento como jurisdicción confiable y transparente.
Entre sus principales innovaciones se encuentra la incorporación del control previo de concentraciones económicas, mecanismo inexistente en la normativa actual y que colocará al país acorde a las mejores prácticas internacionales.
“La nueva ley buscará no solo perseguir prácticas anticompetitivas, sino garantizar que la libertad empresarial sea un motor de crecimiento e innovación en nuestra economía”, ha señalado Vásquez Taveras.
Con esta iniciativa, la República Dominicana da un paso decisivo hacia la consolidación de un entorno económico más moderno, competitivo y atractivo para la inversión productiva.
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