Fuente: lawyer press.com

Según la guía práctica de la Comisión Europea para cuantificar el perjuicio que causan los cárteles a los consumidores, «los cárteles son acuerdos y prácticas concertadas entre dos o más empresas destinados a influenciar los parámetros de competencia mediante prácticas tales como la fijación de precios de compra o venta u otras condiciones comerciales, asignación de producción o cuotas de ventas o distribución de mercados (incluida la concertación de ofertas)».

No obstante, la mayoría de los cárteles son pactos entre empresas, normalmente competidoras, en los que éstas acuerdan vender sus productos a precios superiores a los que habría en una situación de libre competencia. En definitiva, son pactos ilegales entre competidores para inflar los precios de sus productos.

Como toda actividad ilegal, los cárteles están perseguidos. Los que se desarrollan en Europa son investigados por la Comisión Europea, mientras que de los cárteles con presencia solo estatal se encarga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estos organismos combaten los cárteles de forma similar a como las autoridades tributarias luchan contra los defraudadores de impuestos.

Sin embargo, desde hace uno años, tanto la Unión Europea como los Estados miembros están potenciando que los perjudicados por los cárteles puedan reclamar a sus participantes una indemnización por los daños que dicho cártel les haya causado.

El motivo es doble: primero reforzar la lucha contra este tipo de prácticas anticompetitivas; y segundo, dar un remedio a los perjudicados por un cártel.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20 de septiembre de 2001, (Caso Courage) fue la primera que declaró que cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del perjuicio que le haya causado un comportamiento anticompetitivo.

A ésta le siguió la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 13 de julio de 2006, (Caso Manfredi), que confirmó tal posibilidad.

Posteriormente, y ya en España, la Sentencia del Tribunal Supremo 651/2013 de 7 noviembre de 2013 (sobre el cártel del azúcar) estimó una reclamación conjunta de varias multinacionales del sector del dulce, que reclamaron una indemnización a varios fabricantes de azúcar por haber pactado precios mediante un cártel.

El 26 de noviembre de 2014 se aprobó la Directiva 2014/104, sobre las acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia.

Y, como consecuencia de dicha Directiva, el 26 de mayo de 2017, se aprobó en España el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, que modificó tanto la Ley de Defensa de la Competencia como la Ley de Enjuiciamiento Civil.