La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Elena Vásquez Taveras, explicó cómo se llevó a cabo el primer caso sancionado por colusión en República Dominicana y los desafíos que implicó el mismo.

Al dictar una conferencia virtual organizada por la Alianza Interamericana de Defensa de la Competencia Vásquez Taveras detalló que uno de los principales desafíos de esta investigación fue que los plazos establecidos en el país resultan insuficientes para realizar análisis profundos, a diferencia de los estándares internacionales, que no fijan plazos o son más flexibles.

Otro reto es que las sanciones carecen de efecto disuasorio, ya que se establecen multas muy bajas, en comparación con el estándar internacional, que fija sanciones en base al volumen de negocios o daño causado.

Es por esto que en el país se está promoviendo una modificación de la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, en la cual se amplía el plazo de investigación a 18 meses con posibilidad de extender el mismo si el caso así lo requiere y las multas corresponderán a los ingresos brutos del infractor correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior al momento de la imposición de la sanción.

Otro desafío para realizar este tipo de investigaciones en el país es la falta de un programa de clemencia, que es considerado un pilar fundamental en la lucha antimonopolio a nivel internacional, lo que complica la detección de cárteles cuando se cuenta con las herramientas adecuadas.

Vásquez Taveras explicó todos los pasos del caso, desde los antecedentes de la investigación hasta la imposición de la multa a los agentes económicos involucrados.