Puerto Plata.– La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, destacó que la libre competencia trasciende el ámbito estrictamente económico y constituye un componente relevante del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho consagrado por la Constitución dominicana.

Al dictar la conferencia magistral “Democracia, Derechos Fundamentales y Libre Competencia: Pilares para el Fortalecimiento del Estado de Derecho”, en el marco del II Congreso Internacional de Derecho organizado por la Seccional Puerto Plata del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Vásquez Taveras analizó la relación existente entre la efectividad de los derechos, las garantías constitucionales, la democracia y las condiciones que permiten una participación económica abierta y competitiva.

La jurista explicó que los artículos 50 y 217 de la Constitución sitúan la libertad de empresa y la libre competencia dentro de un modelo económico orientado también al desarrollo humano, la justicia social y la igualdad de oportunidades.

“La competencia no garantiza el éxito de ninguna empresa, pero sí debe garantizar que todas puedan competir en condiciones abiertas y sin barreras injustificadas”, afirmó.

Durante su exposición, Vásquez Taveras sostuvo que la competencia y la democracia pertenecen a ámbitos diferentes, pero encuentran puntos de conexión en valores como la participación, el pluralismo y la existencia de oportunidades reales. Precisó, asimismo, que el Derecho de la Competencia no penaliza el tamaño ni el éxito empresarial, sino aquellas conductas que utilizan el poder de mercado de manera anticompetitiva para excluir o impedir injustificadamente la participación de otros agentes económicos.

La presidenta de ProCompetencia resaltó también que la protección de la competencia debe desarrollarse dentro del sistema de garantías propio del Estado de Derecho. En ese sentido, señaló que las potestades de investigación y sanción de las autoridades públicas deben ejercerse con estricto respeto al debido proceso, la motivación de las decisiones, la proporcionalidad y la seguridad jurídica.

“El debido proceso no debilita a la autoridad; la legitima. La eficacia y las garantías no son valores contrapuestos”, expresó.

República Dominicana ante los desafíos de una nueva economía

Vásquez Taveras señaló que la República Dominicana enfrenta el desafío de continuar modernizando su marco jurídico de defensa de la competencia para responder adecuadamente a mercados muy distintos de aquellos existentes cuando fue promulgada la Ley núm. 42-08, en 2008.

Indicó que las plataformas digitales, los datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, las operaciones transfronterizas y los procesos de concentración económica plantean nuevas realidades que requieren instrumentos jurídicos e institucionales adecuados.

En ese contexto, destacó que la actualización del régimen dominicano debe contemplar, entre otros aspectos, un sistema general de control de concentraciones económicas y, al mismo tiempo, responder a la evolución constitucional experimentada por el país desde 2008, particularmente a partir de la Constitución de 2010 y de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración.

“La República Dominicana necesita una legislación de competencia económicamente moderna y constitucionalmente garantista, capaz de responder a los mercados actuales y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica y garantías a todos los agentes económicos”, sostuvo.

La presidenta de ProCompetencia destacó finalmente que la política de competencia adquiere una dimensión especialmente concreta en ámbitos como la contratación pública, donde una competencia efectiva contribuye al uso eficiente de los recursos del Estado, y en el acceso a los mercados, donde la eliminación de barreras artificiales amplía las oportunidades para emprendedores y empresas.

Vásquez Taveras concluyó señalando que la protección de la competencia debe entenderse como parte de una arquitectura institucional más amplia orientada a promover mercados abiertos, igualdad de oportunidades, desarrollo económico y efectividad de los derechos dentro del Estado Social y Democrático de Derecho.