La presidenta de ProCompetencia hizo el planteamiento durante su participación en un foro regional organizado por la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales de Competencia (RECAC).

La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, participó en el “XIX Foro Centroamericano de Competencia: Desafíos Regulatorios y de Competencia en la Era Digital”, realizado en San José, Costa Rica, por la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales de Competencia (RECAC), donde varios expertos analizaron los avances y desafíos de los programas de cumplimiento en materia de competencia en la región.

Vásquez Taveras, quien participó de manera virtual, compartió el panel con Federico Volujewicz, socio en De Dios & Goyena, de Argentina; Gerardo Henríquez, superintendente de Competencia de El Salvador; y Lucía Ojeda, socia de SAI Derecho y Economía, de México. El conversatorio fue moderado por Guillermo Rojas, comisionado de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) de Costa Rica.

En su intervención Vásquez Taveras puntualizó que uno de los principales desafíos para la implementación de los planes de cumplimiento en República Dominicana es que muchas pequeñas y medianas empresas (pyme) operan en la informalidad y no entienden la importancia de este procedimiento y creen que solo aplica para las grandes empresas. Esto hace que tengan poca disposición para invertir tiempo y recursos en controles básicos.

A lo anterior se suma la limitación de capacidades de las pymes, ya que muchas operan con poco personal, carecen de asesoría especializada y ven el cumplimiento como un gasto, no como una inversión.

Otro desafío para muchas empresas de este sector es que los programas de cumplimiento en materia de competencia suelen ser técnicos y complejos, por lo que no logran entender cómo implementarlos en su día a día.

También las pymes tienen el temor a que formalizar procesos las exponga a otras fiscalizaciones (laborales, tributarias), lo que desalienta la adopción de políticas escritas, entre otros retos, explicó Vásquez Taveras.

En este contexto, Vásquez Taveras planteó que las autoridades de competencia deben implementar un modelo de “cumplimiento mínimo viable” para las pymes; explicarles las normas de operación de forma sencilla y práctica; y ampliar el alcance hacia el sector a través de cámaras de comercio, asociaciones sectoriales y cooperativas para que estas puedan operar como multiplicadores.

También destacó la necesidad de generar confianza entre las empresas y las autoridades de competencia, aclarando que los programas de cumplimiento son preventivos y no están vinculados a procesos sancionatorios.

“El reto no es convencer a las pymes de que “cumplir es importante”, sino rediseñar el entorno para que cumplir sea posible, barato y útil. Eso exige reglas claras, materiales operativos, alianzas que lleven el mensaje a donde la autoridad no llega sola y métricas que capturen cambios reales en la conducta de mercado. Con ese enfoque, la cultura de cumplimiento deja de ser un ideal normativo y se convierte en una práctica cotidiana, incluso en contextos de alta informalidad”, enfatizó Vásquez Taveras.

Sobre los planes de cumplimiento de RD

Respecto a los planes de cumplimiento de República Dominicana, Vásquez Taveras explicó que fueron elaborados en el 2017 tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales de varios homólogos, las cuales fueron adaptadas a la realidad de los mercados y competidores locales.

Entre los factores que se tomaron en cuenta para su elaboración detalló que lo primero fue reconocer que el cumplimiento estricto de las normas de defensa de la competencia no solo propicia un Estado competitivo, sino que también se traduce en bienestar para la sociedad en su conjunto.

En segundo lugar, se observó que las autoridades de competencia más consolidadas habían demostrado que los programas de cumplimiento contribuyen significativamente a la efectividad de las políticas de competencia.

Además, se identificó que las sanciones administrativas y civiles, aunque necesarias, generaban costos significativos no solo para los infractores, sino para el sistema económico en general.

Finalmente, indicó que los programas de cumplimiento del organismo surgieron porque se comprendió que la información y la educación de los empleados aumentan las posibilidades de identificar tempranamente situaciones de riesgo, lo que incrementa la capacidad de adoptar oportunamente las medidas necesarias para evitarlas o mitigarlas.

Finalmente, Vásquez Taveras adelantó que ProCompetencia está trabajando en la actualización de sus planes de cumplimiento.

¿Qué es un plan de cumplimiento en materia de política de competencia?

Un plan de cumplimiento, conocido por su denominación anglosajona como compliance programme, es un programa elaborado por los agentes económicos con el objetivo de informar e instruir a los miembros de la empresa o grupo de empresas (directivos y empleados) sobre las conductas anticompetitivas prohibidas por la legislación vigente, así como de establecer mecanismos para evitar que incurran en dichas infracciones.